Uribe, el presidente del país con la mayor cantidad de asesinatos de civiles por parte de paramilitares y del ejercito colombiano durante su gobierno.En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, se acaba de comprobar la existencia de la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de aproximada de 2.000 cadáveres. Padres, madres, hijas, hijos, abuelas, abuelos, hermanas y hermanos
En Audiencia Pública el 22/Julio/2010, el mismo día que el gobierno
de Uribe solicitó la convocatoria urgente de la OEA para denunciar
a Venezuela, una delegación extranjera compuesta por 10 dirigentes sindicales, 6 miembros del Parlamento Europeo, 3 miembros del Parlamento Británico, 3 delegados de España y 2 de Estados Unidos atestiguaron la existencia de la gigantesca fosa común en Colombia, al sur de Bogotá, Departamento del Meta, en el Pueblito de la
En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se acaba de comprobar la existencia de la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de aproximadamente 2.000 cadáve
- El secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia Jairo Ramírez, quién acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar, hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena exclamó: “Lo que vimos fue escalofriante, infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy”.
- Ramírez agregó: “El comandante del Ejército -hipócritamente -nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región afirma que eran líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”.
La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a
las declaraciones de los mandos medios, presuntamente desmovilizados
del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz
que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus
crímenes. El jefe paramilitar John Jairo Rentería, alias Betún, reveló ante
el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron
al menos a 800 personas en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región
del Putumayo y cínicamente agregó: "Había que desmembrar a la
gente, todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y
muchas veces se hizo con gente viva”. 
Esa Audiencia Pública se realizó el mismo día (22-07-2010) en el cual
el gobierno colombiano, sospechosamente, solicitó una reunión con
carácter de urgencia a la OEA para denunciar la presencia en Venezuela,
de miembros de las FARC y el ELN. Esto devela el juego malévolo y
canallesco del gobierno colombiano para distraer la atención mundial
de lo que la Audiencia revelaría ese día, sobre las masacres y los falsos
positivos de Uribe Vélez, hechos que son considerados delitos de lesa
humanidad, imprescriptibles, y por los que Uribe tendrá que responder
ante la Corte Penal Internacional al entregar su mandato.
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