Ideeleradio.- La Primera Sala Superior Penal ordenó el archivo definitivo de la denuncia que presentó el presidente Alan García contra la magistrada Cristina Olazábal Ochoa, quien pidió investigar, en su momento, al jefe de Estado por el presunto delito de genocidio, en el marco de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Accomarca, el 14 de agosto de 1985.
El tribunal, integrado por los vocales César Prado Prado, Vladimir Olarte y Gabriel Aramburú, consideró que no hubo ninguna irregularidad en la denuncia planteada el 31 de enero del 2005, contra García Pérez (presidente entre 1985-1990) como supuesto responsable de la omisión impropia de los delitos de asesinato y genocidio por el caso Accomarca.
En el documento, al que tuvo acceso Ideeleradio, se señala que “la acción penal ejercitada contra García Pérez se basó en el deber del Estado de investigar a los responsables de graves actos violatorios de derechos humanos” y que la indagación por genocidio se dio al amparo del Derecho Internacional, como un crimen contra la humanidad.
“[La señora fiscal Cristina Olazábal] no infringió el principio de legalidad y actuó en el ejercicio de sus funciones constitucionales, al denunciar este delito, conforme a las normas internacionales”, señala el tercer párrafo de las conclusiones del fallo.
Olazábal Ochoa fue denunciada por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de prevaricato, en agravio del Estado. Según la defensa del mandatario peruano, el delito de genocidio no estaba tipificado en la ley nacional y por lo tanto, la acusación contra él no se ajustaba a derecho.
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