Contraloría: hay colusión
Órgano de control detecta indicios de delito en millonaria operación y determina que gerentes ediles siempre supieron que deuda valía S/.14.6 millones.
La Primera Fiscalía Anticorrupción no es la única que ha encontrado indicios de delito en el escándalo de Comunicore. Lo propio ha hecho la Contraloría General de la República, entidad que coincide con el Ministerio Público al concluir que esa millonaria operación estuvo plagada de irregularidades y fue perjudicial para los intereses del fisco municipal y de la ciudad de Lima. El máximo órgano de control ha encontrado evidencias de presunto delito de colusión.
El informe final de esta institución, que presentamos en exclusiva en esta edición, desbarata uno a uno los argumentos que durante todo este tiempo –desde que Perú.21 denunció el caso, el 16 de diciembre de 2009– han repetido Luis Castañeda Lossio y sus técnicos (ver cuadro comparativo) para defender la supuesta legalidad del pago a Comunicore.
Lo que ha encontrado la Contraloría es que el pago de S/.35.9 millones a la pequeña empresa se hizo a toda velocidad, sin tener el dinero disponible y careciendo de los respectivos informes legal, financiero y presupuestal. Todo un récord.
NO SUPO AHORRAR. Un primer hallazgo es que la Municipalidad valorizó y pagó la deuda de S/.35.9 millones, pese a que sabía que Relima se la había cedido a Comunicore por S/.14.6 millones, lo que le hizo ganar a esta última S/.21 millones. Es más, en julio de 2005, en plena negociación entre el municipio y Relima, esta transnacional le pidió a la empresa Market Facilitators SA que le cuantifique la deuda al “valor presente” de aquel entonces. Dicha entidad emitió un informe valorizando dicha obligación entre S/.17.7 millones y S/.18.1 millones.
Al final, el 20 de diciembre de ese año, Relima le vendió la deuda a Comunicore a S/.14.6 millones, y todo con conocimiento del municipio. Pero igual, este pagó S/.35.9 millones a gran velocidad.
Otro hallazgo está relacionado con los supuestos riesgos que, según Castañeda, corrían las finanzas del municipio si no se pagaban los S/.35.9 millones de un porrazo.
La verdad, es que la Contraloría no encontró ninguna justificación válida para ello. Al respecto, dice: “La Gerencia de Finanzas ha manifestado que si no se efectuaba el pago, Comunicore exigiría el pago de S/. 10’207,889.67 por concepto de intereses devengados… no obstante, se ha comprobado que el contrato de cesión de derechos señala que la municipalidad no debe pagar intereses compensatorios… por lo tanto, dicha afirmación carece de sustento”.
CASTILLOS EDILES DE NAIPES. Otra de las “tesis” planteadas por Castañeda y sus defensores era que necesitaban deshacerse de ese compromiso para poder emitir bonos y mejorar su calificación de riesgo en el mercado financiero. Pero el ente contralor no cree en ello.
“Esos argumentos no evidencian sustento técnico. Para la colocación de la primera emisión de bonos utilizados (febrero 2006), el municipio no logró una mejora de la clasificación de su deuda de largo plazo; y a pesar de esto, se logró colocar todos los bonos en el mercado por el rating de los bonos de titulización, no importando el rating de la municipalidad… el grado de ‘BBB’ a ‘BBB+’ no varió sino hasta junio de 2006”, concluye. Siguiendo con las afirmaciones ediles, los gerentes le han dicho a la opinión pública que si no pagaban, la comuna municipal corría el riesgo de un embargo judicial.
“Se ha determinado que dichas afirmaciones son inexactas”, replica la Contraloría en la página 11 de su informe final.
Pero dice más. Afirma que esos argumentos “no evidencian sustento técnico”, y que “en las diferentes clasificaciones de riesgo realizadas a los bonos de titulización de la municipalidad no se evidenció ningún riesgo de embargo por sentencias judiciales, situación que sí hubiese originado una disminución de su rating de los bonos, ocasionando, consecuentemente, una activación de un evento de aceleración descrito en el Contrato Marco de Fideicomiso de Titulización”. Tremenda aclaración.
OTRAS ENMIENDAS DE PLANA. El 3 de febrero, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, Castañeda dijo que el pago había sido “conveniente” para la comuna, puesto que no le pagaron a Comunicore intereses devengados que exigía por S/.14 millones. Blest ha dicho, por su parte, que eran S/.10 millones. Pero millones más o millones menos, los auditores del ente de control no se creyeron esa historia, pues en el contrato de cesión de derechos Relima y Comunicore acordaron que no habría tal pago. “Por lo tanto, dicha afirmación carece de sustento”, sostiene.
En el siguiente hallazgo, la Contraloría coincide con las conclusiones de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.
“La Gerencia de Finanzas (es decir, Juan Blest) autorizó el pago a Comunicore sin contar con la opinión legal de la instancia competente”. El 9 de julio último, en plena investigación de la Contraloría, Blest le dijo a la Contraloría que no le consultó nada a la Gerencia de Asuntos Jurídicos porque, para él, “no existía ninguna duda como para hacer una consulta adicional respecto a si se hacía prevalecer al contado a Comunicore en el primer trimestre de 2006”. Si fue así, entonces, ¿por qué Blest le pidió su opinión para pagar a Comunicore, tal como ha señalado la Fiscalía?
SECRETO DE ESTADO. La gerente de Asuntos Legales del municipio, Ada Constantino, le dijo el 26 de mayo último a la entidad de Fuad Khoury: “(nosotros) no podíamos tener conocimiento de las negociaciones ni de las decisiones adoptadas... no participamos y nunca se nos convocó”. Es decir, Blest, ‘hombre fuerte’ de Castañeda, manejó las cosas sin las opiniones legales necesarias, y bajo absoluto secreto.
El pago tampoco contaba con disponibilidad presupuestal y no “respetó las etapas ni los procedimientos relacionados con la ejecución presupuestaria del gasto”. Y como señaló la Fiscalía, dejó las cuentas del municipio de Lima “sobregiradas”.
En suma, S/.35.9 millones de irregularidades –en sentido figurado– detectadas por los que debieron y supieron investigar este hecho.
El informe final de esta institución, que presentamos en exclusiva en esta edición, desbarata uno a uno los argumentos que durante todo este tiempo –desde que Perú.21 denunció el caso, el 16 de diciembre de 2009– han repetido Luis Castañeda Lossio y sus técnicos (ver cuadro comparativo) para defender la supuesta legalidad del pago a Comunicore.
Lo que ha encontrado la Contraloría es que el pago de S/.35.9 millones a la pequeña empresa se hizo a toda velocidad, sin tener el dinero disponible y careciendo de los respectivos informes legal, financiero y presupuestal. Todo un récord.
NO SUPO AHORRAR. Un primer hallazgo es que la Municipalidad valorizó y pagó la deuda de S/.35.9 millones, pese a que sabía que Relima se la había cedido a Comunicore por S/.14.6 millones, lo que le hizo ganar a esta última S/.21 millones. Es más, en julio de 2005, en plena negociación entre el municipio y Relima, esta transnacional le pidió a la empresa Market Facilitators SA que le cuantifique la deuda al “valor presente” de aquel entonces. Dicha entidad emitió un informe valorizando dicha obligación entre S/.17.7 millones y S/.18.1 millones.
Al final, el 20 de diciembre de ese año, Relima le vendió la deuda a Comunicore a S/.14.6 millones, y todo con conocimiento del municipio. Pero igual, este pagó S/.35.9 millones a gran velocidad.
Otro hallazgo está relacionado con los supuestos riesgos que, según Castañeda, corrían las finanzas del municipio si no se pagaban los S/.35.9 millones de un porrazo.
La verdad, es que la Contraloría no encontró ninguna justificación válida para ello. Al respecto, dice: “La Gerencia de Finanzas ha manifestado que si no se efectuaba el pago, Comunicore exigiría el pago de S/. 10’207,889.67 por concepto de intereses devengados… no obstante, se ha comprobado que el contrato de cesión de derechos señala que la municipalidad no debe pagar intereses compensatorios… por lo tanto, dicha afirmación carece de sustento”.
CASTILLOS EDILES DE NAIPES. Otra de las “tesis” planteadas por Castañeda y sus defensores era que necesitaban deshacerse de ese compromiso para poder emitir bonos y mejorar su calificación de riesgo en el mercado financiero. Pero el ente contralor no cree en ello.
“Esos argumentos no evidencian sustento técnico. Para la colocación de la primera emisión de bonos utilizados (febrero 2006), el municipio no logró una mejora de la clasificación de su deuda de largo plazo; y a pesar de esto, se logró colocar todos los bonos en el mercado por el rating de los bonos de titulización, no importando el rating de la municipalidad… el grado de ‘BBB’ a ‘BBB+’ no varió sino hasta junio de 2006”, concluye. Siguiendo con las afirmaciones ediles, los gerentes le han dicho a la opinión pública que si no pagaban, la comuna municipal corría el riesgo de un embargo judicial.
“Se ha determinado que dichas afirmaciones son inexactas”, replica la Contraloría en la página 11 de su informe final.
Pero dice más. Afirma que esos argumentos “no evidencian sustento técnico”, y que “en las diferentes clasificaciones de riesgo realizadas a los bonos de titulización de la municipalidad no se evidenció ningún riesgo de embargo por sentencias judiciales, situación que sí hubiese originado una disminución de su rating de los bonos, ocasionando, consecuentemente, una activación de un evento de aceleración descrito en el Contrato Marco de Fideicomiso de Titulización”. Tremenda aclaración.
OTRAS ENMIENDAS DE PLANA. El 3 de febrero, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, Castañeda dijo que el pago había sido “conveniente” para la comuna, puesto que no le pagaron a Comunicore intereses devengados que exigía por S/.14 millones. Blest ha dicho, por su parte, que eran S/.10 millones. Pero millones más o millones menos, los auditores del ente de control no se creyeron esa historia, pues en el contrato de cesión de derechos Relima y Comunicore acordaron que no habría tal pago. “Por lo tanto, dicha afirmación carece de sustento”, sostiene.
En el siguiente hallazgo, la Contraloría coincide con las conclusiones de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.
“La Gerencia de Finanzas (es decir, Juan Blest) autorizó el pago a Comunicore sin contar con la opinión legal de la instancia competente”. El 9 de julio último, en plena investigación de la Contraloría, Blest le dijo a la Contraloría que no le consultó nada a la Gerencia de Asuntos Jurídicos porque, para él, “no existía ninguna duda como para hacer una consulta adicional respecto a si se hacía prevalecer al contado a Comunicore en el primer trimestre de 2006”. Si fue así, entonces, ¿por qué Blest le pidió su opinión para pagar a Comunicore, tal como ha señalado la Fiscalía?
SECRETO DE ESTADO. La gerente de Asuntos Legales del municipio, Ada Constantino, le dijo el 26 de mayo último a la entidad de Fuad Khoury: “(nosotros) no podíamos tener conocimiento de las negociaciones ni de las decisiones adoptadas... no participamos y nunca se nos convocó”. Es decir, Blest, ‘hombre fuerte’ de Castañeda, manejó las cosas sin las opiniones legales necesarias, y bajo absoluto secreto.
El pago tampoco contaba con disponibilidad presupuestal y no “respetó las etapas ni los procedimientos relacionados con la ejecución presupuestaria del gasto”. Y como señaló la Fiscalía, dejó las cuentas del municipio de Lima “sobregiradas”.
En suma, S/.35.9 millones de irregularidades –en sentido figurado– detectadas por los que debieron y supieron investigar este hecho.
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