lunes, 9 de abril de 2012

La Junta de Acreedores de Doe Run deberán optar por la liquidación de la empresa o insistir en su reestructuración pero con otro operador, lo cual, supone reformular la propuesta de relanzamiento de sus actividades, estimó hoy el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.


Situación dependerá de Junta de Acreedores, señala ministro 11:42  Acreedores deberán elegir entre liquidar o reestructurar Doe Run con otro operador  
Lima, abr. 09 (ANDINA). La Junta de Acreedores de Doe Run deberán optar por la liquidación de la empresa o insistir en su reestructuración pero con otro operador, lo cual, supone reformular la propuesta de relanzamiento de sus actividades, estimó hoy el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.
Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán
Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán

Sostuvo que corresponde a los acreedores definir la situación de la empresa minera y evaluar su plan de reestructuración.

En ese sentido, precisó que para este proceso no se requiere de ninguna autorización o ley del Congreso.

“La salida está en la Junta de Acreedores (…) se puede llegar a una liquidación o a una reestructuración con otro operador, porque el plan (actual) de reestructuración es terrible y absurdo”, expresó.

Pulgar-Vidal ratificó que Doe Run incurre en un grave error al exigir al Estado peruano que asuma el pago de obligaciones contenidas en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que es de exclusiva competencia de la empresa.

El plan de reestructuración presentado es “inaceptable” e “inejecutable”, dijo en RPP. 

Recordó que cuando se suscribió el contrato de privatización entre Metal Oroya y Doe Run se incorporó una cláusula por la que el Estado peruano asumía ciertas obligaciones de remediación.

Indicó que el país ha venido cumpliendo con cada uno de sus compromisos, empero, la empresa pretende que el Estado asuma como suyos requerimientos que están fuera de su alcance y son de su competencia absoluta.

Asimismo, refirió que dicha empresa pretende impugnar el rol del Estado como acreedor, que tiene un poco más del 30 por ciento de las acreencias, lo cual lo convierte en un socio con capacidad de decisión. 

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