LO ULTIMO DEL BLOG DE IDEELERADIO

Asociación Paz y Esperanza denuncia hostilidad del Gobierno también contra evangélicos

Ideeleradio.- La persecución contra el religioso inglés Paul Mc Auley no es un hecho aislado porque también existe hostilidad y tensión contra clérigos y agentes pastorales pertenecientes a la Iglesia Evangélica, denunció Germán Vargas, director de la Asociación Paz y Esperanza.

“No es un hecho aislado [el caso de Paul Mc Auley]. Sabemos también que existe una serie de hostilidades que se vienen produciendo contra otras personas de otras instituciones. Particularmente hay una tensión y hostilidad contra clérigos y religiosos no sólo contra la Iglesia Católica, sino de las evangélicas. Eso nos llama la atención y sabemos que en lugar de distraerse en este tipo de hostilidades, lo que debería hacer el gobierno, es preocuparse por asumir las tareas y las preocupaciones de estos agentes pastorales”, informó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Se da también con dirigentes de organizaciones indígenas, por ejemplo, que son de concepción evangélica que asumen liderazgo de sus comunidades y que justamente lideran la defensa del medio ambiente de los pueblos indígenas y que son sujetos de persecución por parte del gobierno. Se da en diferentes lugares del país y creemos que esas hostilidades deben cesar”, agregó.

El director de Paz y Esperanza calificó, en este sentido, de preocupante lo que sucede con las personas que asumen la defensa de los derechos del medio ambiente que, aseguró, vienen siendo hostilizados por el actual régimen. Indicó que debería haber más bien una actitud de gratitud hacia este tipo de personas y organizaciones.

“Me parece preocupante y creemos que más bien debería de haber una actitud de gratitud hacia esas personas y organizaciones que hacen lo que el gobierno, lo que el Estado y las instituciones deberían atender. Creemos que es importante que estemos atentos porque lo que se está haciendo es impedir las labores pastorales que tienen que ver mucho con lo que pensamos los cristianos. Por eso, denunciamos la situación que se ha dado contra el padre y sacerdote británico [Paul Mc Auley]. Creemos que estas medidas que se han dictado deben dejarse sin efecto para continuar un servicio pastoral en el país”, precisó.

Preocupación por caso Putis

En otro momento, mostró su preocupación por la negativa del Ministerio de Defensa (Mindef) de revelar los nombres de los efectivos implicados en la muerte de más de 120 campesinos de la comunidad de Putis, en Huanta, en Ayacucho, en 1984.

Cuestionó las expresiones vertidas por algunos representantes del gobierno, entre ellos del titular de la cartera de Defensa Rafael Rey, respecto a los casos de violaciones a los derechos humanos. Recordó que no es un favor, sino una obligación del Estado el de colaborar con la justicia.

“Este caso está en investigación preliminar. Esperamos que la denuncia pueda plantearse desde el Ministerio Público. Había una dificultad en las investigaciones que tienen que ver con la actitud del Ministerio de Defensa de proporcionar información de identificar a los autores de esta barbarie. Desde el gobierno no se cumple con los apercibimientos de la Fiscalía y esto impide que se logre esclarecer”, opinó.

“El Ministerio de Defensa debe cambiar de actitud porque se habla de la responsabilidad de un grupo de militares y no de todas las Fuerzas Armadas. Debería haber claridad para poder discriminar a estos sujetos que hacen tanto daño a la institución. Algunos de ellos se encuentran activos por la desidia de algunas autoridades para procurar la identificación. Estamos a la expectativa y esperamos tener noticias positivas [sobre el caso Putis]”, argumentó.

Marco Arana: Spot del Gobierno tiene un mensaje violentista

Ideeleradio.- El último spot difundido por el Gobierno donde se acusa a “grupos menores” de pretender paralizar las inversiones en el Perú, promoviendo protestas por cuestiones ideológicas tiene un mensaje violentista, afirmó Marco Arana, líder del Movimiento Tierra y Libertad.

“Aquí se dice prácticamente que todo aquel que protege el agua y la tierra, el que reclama sus derechos son enemigos de la inversión. Se dice que está en guerra, es decir lo identifica como enemigo del Estado. Es un mensaje violentista pero no se dice nada sobre el derrame de relaves en Huancavelica o lo que ha pasado con Pluspetrol, aquí hay un problema muy grave”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“[…] Con esta campaña de televisión están renegociando el óbolo minero, cuando deberíamos ir al tema de un pago sobre ganancias que permita gastar más en educación, salud y agricultura, pero, por un lado, levantan estos fantasmas del terrorismo, de los enemigos de la inversión y luego lo que hace por debajo es generar estos procesos de acuerdo que ya está a la luz pública. Estamos ante un gobierno corrupto y grandes intereses económicos y sumas de dinero que se mueven desde atrás”, anotó.

Señaló que el Gobierno y los sectores más conservadores, entre ellos, parte de la Iglesia tienen la intención de polarizar el país y “partirlo en dos”. Mencionó que los que apoyan la lógica del Perro del Hortelano, es decir, el hecho de seguir generando un proceso de acumulación de dinero en manos de unos pocos, son los únicos que tienen legalidad y que los otros serán combatidos.

“El mensaje puesto por el Gobierno en los que se señala están en guerra, vuelve a prácticas que atemorizan. Son situaciones de violencia a las que están queriendo inducir desde el Estado y eso no le hace bien al país. Hay que ir en contra del violentismo, presente muchas veces también en las protestas sociales, pero hay que ir contra el violentismo y el abuso del propio presidente de la República o de los sectores más conservadores del país”, remarcó.

Se está cumpliendo la promesa de García a los banqueros
El religioso dijo que le preocupa que este tipo de acciones forme parte de la implementación de la estrategia ofrecida por parte del presidente Alan García a los banqueros, cuando mencionó que podría interferir en el proceso electoral y que usará su poder para impedir que algún candidato de su desagrado gane las elecciones.

“Es evidente que las leyes de criminalización , este permiso para legislar en el Congreso, este spot, este ataque a un sector de la Iglesia comprometida con los pobres, es una señal terrible para los extranjeros que se comprometan con temas de justicia social lo cual es inaceptable”, subrayó.

“Lo que estemos viendo es la implementación de la promesa que hizo Alan García a los banqueros para interferir en el proceso electoral. Esperemos que las otras fuerzas democráticas como la señora Lourdes Flores y Castañeda Lossio digan que el país necesita de transitar por caminos de democracia, de paz y no de una polarización. El país está necesitado de reconciliación”, anotó.

Finalmente, Arana Zegarra pidió a los medios de comunicación ser más firmes contra la corrupción fujimorista y recordó que algunos canales jugaron un rol deplorable en la época de Alberto Fujimori y recién se desmarcaron cuando este régimen autoritario estaba desmoronándose.

“[Por ejemplo] no están denunciando con suficiente fuerza lo que ocurre con la candidatura de Alex Kouri y su vinculación con el fujimorismo. […] Hay complacencia en los temas de corrupción por parte de algunos medios de comunicación”, sentenció.

Arana cuestiona silencio de Cipriani y desliza posibilidad de acuerdo ultraconservador detrás de Caso Mc Auley

Ideeleradio.- El líder del movimiento “Tierra y Libertad”, Marco Arana, cuestionó el silencio del Cardenal Juan Luis Cipriani, en relación a la expulsión del religioso inglés Paul Mc Auley, presidente de la Red Ambiental Loretana y deslizó la posibilidad de que este hecho pueda ser parte de un acuerdo entre sectores ultraconservadores de la Iglesia, del Gobierno y ciertos intereses económicos.

“De hecho he extrañado y creo que la mayor parte de ciudadanos y también de creyentes católicos [lo que] extrañamos [es] dónde está la voz del Cardenal. De pronto se volvió ‘afónico’ cuando suele ser muy expeditivo para echar sacerdotes de la Iglesia como lo hizo en su momento conmigo o cuando cuestiona otros sacerdotes. Sin embargo, ahora cuando es uno de los suyos por decirlo así, hay afonía”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Escuchaba en un programa [de radio] despacharse con el tema de exaltar a Cipriani y condenar al hermano Paul. Todo implica que hay una ofensiva conservadora. En este caso, ¿qué dice el Opus Dei frente a un hermano caído? ¿Es su prójimo o no el hermano Paul? ¿O esto implica que podría existir un acuerdo entre sectores ultraconservadores de la Iglesia Católica y el sector más conservador del Gobierno y ciertos intereses económicos detrás?. Aquí también hay un tema ético que involucra a los sectores más conservadores de la Iglesia”, anotó.

Al Gobierno le molesta que les digan a los pueblos que tienen derechos

Arana Zegarra indicó que a Paul Mc Auley lo acusan de haberse asociado a una red ambiental que, dijo, forma parte de la labor que desempeñan diversos religiosos en el país en la defensa de las actividades de defensa ambiental, así como del hecho de haber participado en marchas de protestas en las calles de Loreto.

Sin embargo, estimó que uno de los verdaderos móviles de la expulsión del religioso sería el trabajo que este realizó desde su red ambiental en comunidades indígenas y organizaciones sociales sobre el tema de la Ley de la Amazonía y Forestal.

Recordó, que en los últimos días, el hermano de nacionalidad inglesa denunció y exigió con firmeza que haya una evaluación independiente respecto a lo que había ocurrido con el derrame de Pluspetrol.

“Le ha molestado al Gobierno que el hermano Paul con los activistas y voluntarios de la Red Ambiental de Loreto le estén diciendo a la gente: miren tenemos derechos, que debe haber mejores controles sobre la actividad petrolera, que los pueblos indígenas y los pueblos amazónicos tienen derechos, no son ciudadanos de tercera categoría, ni de segunda”, sostuvo.

“[…] Eso ha molestado al Gobierno, ese es el tema real en un contexto además en que el Gobierno ha denunciado al obispo de Yurimaguas. Recordemos también que se abrió investigación a un conjunto de líderes ambientales y se quiso involucrar a Radio Cutivalú y a Radio Marañón […]”, acotó.

Opus Dei y fujimorismo: Un pacto del mal

Arana Zegarra denunció, además, que toda la campaña de desinformación, sobre el fantasma del terrorismo y los enemigos de la inversión, proviene de una especie de pacto del mal entre el Opus Dei y el fujimorismo. Exhortó, en ese sentido, a los líderes políticos a emitir un pronunciamiento contra la corrupción.

“Aquí hay un manejo bien pensado de desinformación y a mí me preocupa de manera especial esta especie de pacto del mal, entre la Iglesia más conservadora que es el Opus Dei para decirlo claramente y el fujimorismo; ayer teníamos a la congresista Cecilia Chacón diciendo que nadie está por encima de la ley y ella [misma] es reo contumaz”, expresó.

“Y no diría [que] el Apra [esté dentro de esto pacto del mal], yo distinguiría. Yo tengo mucho aprecio por sectores del Apra popular, pues considero que dentro del Apra hay sectores honestos. Lo que pasa es que los apristas honestos han sido descabezados como han hecho con alguno de sus aspirantes a la Secretaría General del partido”, remarcó.

El religioso consideró necesario un pronunciamiento firme de las principales agrupaciones políticas, rechazando todo acto de corrupción que afecte la democracia y la gobernabilidad del país.

“Creo que es importante que los principales líderes de los partidos políticos y esperaría incluso voces que salgan dentro del Apra salgan a decir: Ya basta. Creo que no debemos permitir este tipo de abusos que francamente ponen en peligro la democracia y gobernabilidad del país con los niveles de conflictividad social que hay”, declaró.

TC: Fallo sobre derecho a la consulta debe ser cumplido en todos sus términos

Ideeleradio.- El fallo del Tribunal Constitucional (TC), en el que se reconoce explícitamente el contenido y obligatoriedad del derecho a la consulta a las comunidades nativas, debe ser cumplido en todos sus términos, afirmó Oscar Urviola, nuevo integrante del máximo intérprete de la Carta Magna.
“El pronunciamiento del TC sobre esa materia es bastante claro, las sentencias del TC se tienen que cumplir en los términos que ellos expresan, yo no quiero adelantar mayores opiniones sobre casos que pueden estar o regresar al Tribunal en vía de aclaración, porque sería adelantar opinión”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“[…] Pero tratando el tema del precedente vinculante, nadie puede extrañarse de que en un determinado proceso el TC pueda establecer un precedente vinculante, en la medida de que ese proceso surja la necesidad de aclarar o establecer normas que sean necesarias para la convivencia de un país, de tal manera que en el caso de la consulta o el derecho a veto que se menciona en el caso de las comunidades indígenas o nativas, creo que el TC ya ha emitido un pronunciamiento expreso que debe ser cumplido en todos sus términos”, anotó.

Un reciente fallo del TC estableció que las comunidades nativas no pueden ejercer un veto ante las medidas legislativas o administrativas que sean sometidas a consulta. De acuerdo a esta sentencia, en caso que una comunidad nativa rechace en un primer momento las medidas consultadas, éstas podrán volver a ser sometidas a consulta –transcurrido un plazo razonable– tomando en cuenta en la medida de lo posible sus legítimos intereses.

Corte Suprema no puede ejercer control constitucional

El magistrado estimó que es natural que se produzcan polémicas, luego de que el Tribunal Constitucional emita sus resoluciones, porque así ocurre en muchos países donde existe un tribunal de garantías constitucionales. Descartó que la Corte Suprema pueda realizar un control constitucional y estimó que el perfil de un magistrado del Tribunal Constitucional es distinto al del Poder Judicial.

“Hay que tener en cuenta que la experiencia en nuestro país que ya se está notando de manera positiva, el control constitucional está a cargo del TC, que permite ejercer el control de constitucionalidad a los otros poderes del Estado. Yo no creo que el Poder Judicial, como de hecho nunca lo ha realizado, pueda hacer un control de constitucionalidad, en los términos que si lo puede hacer un tribunal que no dependa del mismo organismo”, señaló.

“El control de constitucionalidad requiere de un perfil de un magistrado que es distinto al magistrado del Poder Judicial, que se avoca a la aplicación de las leyes. La ley constitucional es una ley muy especial con alto nivel de abstracción de principios e instituciones que necesitan una interpretación y un nivel de concreción muy específico, de tal manera que esa labor se pudiera ver interferida en la Corte Suprema, con asuntos muchos más específicos”, acotó.