Congresistas opinan sobre alerta de contaminación
registrado en la ciudad de La Oroya tras haberse iniciado las actividades en el
Complejo Metalúrgico.
Enterado sobre las
últimas noticias de contaminación que se viven en La Oroya, desde que el 28 de
julio pasado se reiniciaran las actividades en el Complejo Metalúrgico, el presidente
de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología
del Congreso de la República, Víctor Grández, dijo que la denuncia será tema de
debate en la comisión mañana martes, 4 de setiembre. “Vamos a investigar el
asunto. El Estado como ente ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente debe
pronunciarse lo más rápido posible. Debemos fiscalizar qué está haciendo el
Estado ante todos los impases de la contaminación”. Dijo además que al darle luz
verde a Right Business para operar la fundición, el Estado debió estar
vigilante para que no se produzca más contaminación en la ciudad de La Oroya.
Por su parte, el
congresista Víctor Andrés García Belaúnde recordó que la salida del Grupo Renco
significó una gran paso para terminar con la contaminación de la ciudad: “La
gran ventaja es que Doe Run no está más en La Oroya”. Sin embargo, advirtió que
“hay que tener cuidado de no hacer lo que hizo Ira Rennet. No se deberían
reproducir los mismos errores. La solución sería vender la empresa lo más
rápido posible. Rigth Business, al final de cuentas, no hará ningún tipo de
inversión en el complejo metalúrgico porque son aves de paso”, subrayó. Sobre
el rol fiscalizador del Estado, el congresista dijo que “el Estado está para
resguardar el medio ambiente. Lamentablemente ha sido siempre el primero en no
cumplir con sus compromisos. Esta vez lo tiene que hacer”. Dijo, además, que
los miles de trabajadores del Complejo Metalúrgico se dieron cuenta que fueron
engañados por la ex empresa operadora Doe Run Perú y que la contaminación en La
Oroya era producto de la mala ética del dueño de Doe Run, Ira Rennert y su
“manera mafiosa de manejar la empresa”.
El congresista
Daniel Mora, quien ha seguido de cerca la problemática de La Oroya, subrayó que
cuando las actividades de la fundición estuvieron paralizadas, los índices de
contaminación en la ciudad de La Oroya fueron bajísimos. “Es una prueba de que
la contaminación empieza cuando comienzan a funcionar las máquinas de la
fundición. Ante las nuevas denuncias,
es el Estado el que debe acudir. Es cierto, los trabajadores necesitan el
empleo pero debe exigirse el cumplimiento de los estándares ambientales internacionales
para mantener la calidad del aire”. Opinó, además, que la estación que el
Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA) instalará en La
Oroya para vigilar la calidad el aire debió instalarse antes de que la planta
empiece a funcionar. “Es que tenemos un estado reactivo que no previó las consecuencias”,
dijo el congresista.
“No somos un país
de segunda categoría. Las leyes existen lo que debemos hacer es adecuar los
estándares más exigentes para que se respete el medio ambiente”, agregó.
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