Ideeleradio.- La posición de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en el sentido de que la escalada antiminera pondría en peligro el cumplimiento del monto del nuevo gravamen minero es un chantaje inadmisible, sostuvo Marco Arana, líder del Movimiento Tierra y Libertad.
Fue al ser consultado por las declaraciones del presidente de la SNMPE, Pedro Martínez, quien aseguró que las protestas ponen en peligro el monto que buscaba la administración de Ollanta Humala.
“Es un chantaje inadmisible en un Estado de Derecho, los que hemos elegido con diferencias al presidente Ollanta Humala, hemos sido la mayoría de peruanos, no ha sido la SNMPE. La SNMPE estaba pagando a Jaime Bayly y otra prensa sucia contra Humala. Aquí el que ha elegido y que, en cierto modo, podría colocar condiciones, son la mayoría de electores que han elegido a Ollanta Humala, no la SNMPE”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Arana Zegarra consideró que este gremio debe tomar en cuenta que estamos en un Estado de Derecho que tiene como jefe de Estado a Ollanta Humala y no Alberto Fujimori ni Alan García.
“Hay que decirles más respeto, estamos en Estado de Derecho, no están en su hacienda, no están en su chacra, están en un país donde hay reglas democráticas, ya no están en el gobierno de Fujimori, donde estas cosas se arreglaban con [Vladimiro] Montesinos en la salita, ya no están en el gobierno de Alan García, donde podían ir y venir a Palacio para dar su cuota y cuando no lo conseguían por lo bajo, lo hacían con bravuconadas; yo creo que este un chantaje inaceptable”, subrayó.
Humala tiene que tomar el toro por las astas
Estimó que el jefe de Estado, Ollanta Humala, debe tomar el toro por las astas para revisar la actual Ley General de Minería que data de 1992, a fin de compatibilizarla con las leyes del medio ambiente, del agua, la consulta previa y el ordenamiento territorial.
“Es el momento de tomar el toro por las astas, el gobierno de Ollanta Humala debería revisar la Ley de Minería, compatibilizarla con la Ley del Agua, compatibilizarla con la Ley de Medio Ambiente, compatibilizarla con la Ley de Consulta Previa, compatibilizarla con la Ley de Ordenamiento Territorial, darle mayor potestad a los gobiernos regionales”, aseveró.
Añadió que así como se perciben señales de voluntad política para solucionar estos problemas, hay indicios que señalan todo lo contrario. Afirmó que la instauración de la Ley de Ordenamiento Territorial sería un gran paso en la intención de resolver el problema de la minería.
“Hay señales de que no hay suficiente voluntad política en este momento, tal vez por la debilidad con la que se ha llegado, recordemos que en campaña se dijeron varias cosas diferentes. Se ha anunciado que va a haber la Ley de Ordenamiento Territorial, hay señales de que si se podría hacer en esa dirección”, acotó.
Minería informal concibe graves problemas
El sacerdote refirió que la práctica de la minera informal genera problemas sociales, así como contaminación del medio ambiente y el fomento de actividades ilícitas que van de la mano del proceso de la minería informal. Explicó que su solución se debe dar de manera integral, ya sea prohibiéndola o legalizándola según sean sus condiciones.
“La minería informal constituye un triple problema, es un problema social, da más trabajo que la minería formal; hay más o menos 300 a 500 mil trabajadores, es un grave problema ambiental, están contaminando seriamente; hay muchas actividades ilícitas alrededor de la minería informal”, argumentó.
“El problema de la minería tiene que ser abordado de manera integral para la gran y pequeña minería, aquella minería informal que se puede formalizar que se formalice, aquellas que se tiene que prohibir que se ilegalicen”, concluyó.
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