Ideeleradio.- Los tres mil millones de nuevos soles que las empresas mineras tendrán que pagar anualmente al Estado por el acuerdo del gravamen no están condicionados a los ingresos de los nuevos proyectos de inversión de este sector, sino a las ganancias que las compañías ya han obtenido, aclaró el congresista Javier Diez Canseco (Gana Perú).
Fue al ser consultado por las declaraciones de Carlos Santa Cruz, vicepresidente de Operaciones de Newmont Mining Corporation - Yanacocha para América Latina, quien advirtió que gran parte de la recaudación por ese concepto depende de la ejecución de los proyectos más importantes en la cartera de inversiones, como Conga en Cajamarca.
“Los ingresos [por gravamen] no deben derivar de más explotaciones mineras, sino de la enorme riqueza que sacan de la minería que ya existe, hay más. […] Los tres mil millones [de nuevos soles] no se van a dar sobre la base de los proyectos que están pensando iniciarse, sino sobre lo que hay”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Diez Canseco Cisneros calificó, en ese sentido, de importantes los proyectos de desarrollo de inversión minera, siempre y cuando se cumpla con los parámetros de respeto y cuidado al medioambiente, que deben ser establecidos por el Ejecutivo a través de los ministerios de Ambiente y Energía y Minas, de manera que no afecte los ecosistemas ni las fuentes del agua de la población.
“También es importante que haya proyectos en desarrollo siempre y cuando cumplan con las condiciones medioambientales, ese es el equilibrio que debe establecer […] el Gobierno Central. […] No estamos hablando que el Perú no tenga minería, estamos hablando de que las zonas en las cuales haya explotación minera […] sean zonas que no afecten el origen de agua y la vida básica de la población, que no puede vivir sin agua”, remarcó.
“[…] El Perú tiene que cuidar el agua, en esas zonas no puede haber grandes explotaciones mineras que producen un enorme consumo de agua y un enorme impacto en el medioambiente, eso tiene que cambiar”, añadió.
Proyecto Conga no tiene consenso ni licencia social
Estimó, asimismo, que las paralizaciones regionales y bloqueos de carreteras en Cajamarca evidencian que el proyecto minero Conga no cuenta con el respaldo de la población, a raíz de la enorme desconfianza que este sector extractivo genera en la población.
“En el caso Conga, no tiene consenso ni licencia social. Si tuviera licencia social, no habría las paralizaciones que estamos viviendo. La minería ha generado una desconfianza enorme porque algunos sectores mineros han tratado de una forma bien irresponsable a las poblaciones, les han mentido, han comprado elecciones, ese tipo de cosas no pueden continuar”, indicó.
Explicó que los acuerdos suscritos por el Estado tienen que cumplirse con la condición que cumplan los procesos previamente determinados y se compruebe la legalidad del documento. “Los contratos se cumplen siempre y cuando hayan sido firmados legalmente y con los procedimientos pertinentes”, subrayó.
Estudios ambientales tienen que ser revisados
Denunció, además, que los estudios de impacto ambiental tienen que ser revisados, tal como lo ha señalado el titular del Ambiente, Ricardo Giesecke, porque muchos de ellos han sido manipulados para beneficiar intereses particulares, restándole seriedad a los resultados presentados.
“El ministro del Ambiente ha sido clarísimo [al decir que] los estudios se van a revisar para ver si son serios o no y para ver el impacto que tienen porque hemos visto cantidad estudios de impacto ambiental que en realidad son manipulados y mal manejados a fin de favorecer intereses particulares”, refirió.
Presupuesto y el tratamiento por resultados
En otro momento, aseguró que la Comisión de Presupuesto del Congreso está insistiendo en el tratamiento del Presupuesto General de la República 2012 por resultados, es decir, que ya no primará el hecho de verificar si se gastó o no el recurso asignado a un determinado sector, sino los resultados que obtuvo dicho egreso.
“Se está introduciendo algunos nuevos sectores en el presupuesto, y se está acentuando el tratamiento de presupuesto por resultado, es decir, no solamente medir si el presupuesto gastó el dinero que le fue asignado, sino los resultados que se buscaban con esa inversión y gasto son o no logrados”, argumentó.
El parlamentario apuntó que se ha convocado a la Cooperación Alemana para que se encargue del proceso de supervisión del gasto público para garantizar la transparencia y eficiencia de referido procedimiento.
“La reunión que tengo es de un subgrupo que tiene que supervisar el funcionamiento de los programas sociales, y [para ello] estamos trabajando con la Cooperación Alemana [por] la experiencia que tiene en materia de supervisión del gasto público para buscar transparencia, enfrentar los problemas de corrupción y garantizar la eficiencia”, puntualizó.
Políticas en beneficio de personas con discapacidad
Adelantó que dicho presupuesto también contemplará una serie de políticas a favor de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, como la realización de una encuesta nacional para este sector de la población o ampliar los programas para estas personas con capacidades diferentes.
“Las cosas nuevas que tendrá el presupuesto son […] un programa sobre discapacidad que recorra diferentes sectores, este año se va a asignar recursos para el desarrollo de una encuesta nacional de la discapacidad, que nos permita [tener] una primera visión nacional de cómo estamos en ello, qué discapacidad prevalece”, dijo.
“Se va a establecer políticas públicas que van a recorrer distintos sectores, [como] la de aumentar los programas de estimulación temprana y poder allí pronosticar discapacidades y atender con estimulación y procedimientos adecuados a estos niños”, acotó.
Confirmó también que la nacional Petroperú pasará a manos del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), para que vuelva a invertir en la explotación de recursos y contribuya con el desarrollo nacional en materia de energía y combustibles.
“Frente a la actuación de Petroperú que ha venido trabajando la idea de fortalecer la empresa, en el presupuesto actual se ha planteado devolver Petroperú al Fonafe y con ello limitar la posibilidad de que invierta nuevamente en la explotación de recursos y en el desarrollo de capacidades integrales en nuestra energía”, apuntó.
Finalmente, sostuvo que la Carta Magna establece que todos los empleados del sector público y privado están en la facultad de negociar sus condiciones laborales, así como sus remuneraciones de manera conjunta, aunque –estimó- esto no se cumple en la actualidad.
“La Constitución peruana establece que todos los trabajadores, incluyendo los públicos, tiene derecho a la negociación colectiva, a discutir sus condiciones de trabajo y salarios; sin embargo, eso no se aplica en el Perú”, concluyó.
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