Ningún proyecto podrá ser ejecutado si desde el punto de vista social no es factible”

Por: Voces

Carlos Santa Cruz, Vicepresidente Senior de Operaciones Sudamérica de Newmont, empresa dueña de Minera Yanacocha, responde un cuestionario de preguntas hecho por la revista VOCES, en torno al tema de la relación de la empresa minera y la población, el rol del Estado y sus proyecciones frente a las inversiones mineras y el nuevo Gobierno Regional de Cajamarca.





¿Cuál es la situación actual y las perspectivas a futuro de la inversión minera en el país y en la región Cajamarca?

Las perspectivas son muy interesantes. El país tiene una cartera de proyectos del orden de los 40 mil millones de dólares para los próximos 10 años. Dos tercios de esta inversión podría concretarse en los próximos 5 años y la mitad de la misma decidirse en los próximos 18 meses. Esto nos permitiría casi triplicar nuestra producción de cobre, crecimientos importantes en la producción de plata, sostener la producción de oro y crecimiento importante en la producción de otros metales básicos como plomo y zinc. En estos momentos no estamos avanzando con los proyectos de inversión a la velocidad requerida para poder concretar los dos tercios de los 40 mil millones mencionados anteriormente en los próximos cinco años.



¿A qué se debe ello?

Tenemos cuellos de botella relacionados a dos aspectos: una creciente complejidad en el proceso de permisos requeridos y oposición social politizada en un buen número de importantes proyectos. Es urgente hacer esfuerzos para resolver ambos problemas y no perder la oportunidad del ciclo de precios que hace atractivo el portafolio de proyectos que hoy día tiene el país. Es fundamental simplificar los requerimientos de permisos (alrededor de 250 para un proyecto minero grande) y dotar a las entidades gubernamentales respectivas de los recursos humanos y materiales, para poder procesar eficientemente la creciente carga de trabajo que ya están recibiendo y se incrementará significativamente. Del mismo modo, es imprescindible deponer objetivos políticos de corto plazo, aprovechando las expectativas y frustraciones de la población rural de los alrededores de los proyectos y pasar por el contrario a generar un clima de concertación social que permita concretar inversiones mineras con mayor celeridad.



¿Qué papel juega el Estado?

Es fundamental una mayor presencia del Estado con programas sociales para mitigar las expectativas y urgentes necesidades del entorno social donde se instalarán las futuras inversiones. Hoy día lamentablemente en la mayoría de los casos tenemos un Estado ausente o débilmente representado lo que genera que los inversionistas terminen asumiendo roles que normalmente le corresponderían al Estado. Es una necesidad urgente que trabajemos diligentemente para que esto cambie si no queremos perder el tren de la oportunidad que significa el portafolio de proyectos de inversión actual del país.



¿Considera Ud. que las nuevas inversiones generarán nuevos conflictos?

La inversión per se no tendría por que generar nuevos conflictos, pero si continuamos en la situación actual, con ámbitos o espacios sociales donde llega inversión sin presencia del Estado y el aprovechamiento político de las expectativas de la población por lograr réditos políticos de corto plazo, los conflictos probablemente van a continuar.



¿Qué tanto se ha avanzado en las relaciones empresa-población?

Mucho en los últimos años, entre las empresas mineras y los distritos de interés en sus zonas de influencia. Desde el sector privado continuaremos trabajando en fortalecer la comunicación y reducir la desconfianza, pero si las condiciones no se dan tendremos que esforzarnos más para mitigar los conflictos que se presenten.



¿Qué rol considera que debe tener el Estado en los conflictos? De la lectura del Reporte de Sostenibilidad 2009 de Minera Yanacocha parecería que este rol se limita a brindar seguridad a la empresa. ¿Cuál es su visión?

El rol del Estado debe ser el rol que debe cumplir la autoridad, cuya función en el caso específico de un conflicto debería ser el de contribuir a resolver con equidad las situaciones de controversia. Promover el diálogo y la concertación.



Pero el Estado no siempre ha hecho eso.

Es fundamental restablecer la presencia del Estado y su autoridad en el más amplio sentido de la palabra y no restringido al tema del orden sino por el contrario, asociado al de garante y protector de la sociedad en su conjunto. Por supuesto esto implica que las partes deben de confiar en la autoridad y que ésta tenga las competencias requeridas para poder contribuir a resolver los conflictos, no limitándose a consideraciones políticas de corto plazo que es lo que se ha venido dando cotidianamente.



Parecería que el actual Estado cuida más bien los intereses del sector privado y no de la población.

No consideramos de ninguna manera que el rol del Estado es garantizar la seguridad al sector privado. Por el contrario creemos que el Estado debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos y personas jurídicas que componen la sociedad.



¿Cuál debería ser el papel del Estado con las empresas?

El Estado por un lado debe acompañar a la empresa en los esfuerzos de comunicación e información, y por otro, debe tener un rol muy activo al fiscalizar a las empresas en todas las etapas de la actividad minera empezando por la exploración y la producción e, incluso, en su etapa de cierre y post cierre.



Luego de los conflictos de Quilish y Combayo, Minera Yanacocha hizo una serie de cambios en el manejo de los conflictos con las comunidades. ¿Considera que estos cambios fueron los adecuados? ¿Los conflictos de Yanacocha se han reducido?

Hemos aprendido de los conflictos y de los errores que cometimos en nuestro relacionamiento con la comunidad. En ese sentido, hemos realizado los ajustes adecuados en los aspectos que competen a nuestro proceder, mejorando nuestra comunicación con el entorno social desde la etapa exploratoria hasta la etapa de cierre de mina. También hemos aprendido a escuchar antes de actuar porque comprendemos que los tiempos de maduración en temas sociales no necesariamente coinciden con los tiempos de mejoramiento, desarrollo y construcción de proyectos. También hemos aprendido que reemplazando al Estado en sus obligaciones no podemos construir relaciones sostenibles con la comunidad. El relacionamiento con la comunidad con participación de la autoridad es fundamental, para poder generar relaciones sanas y duraderas con el entorno social donde se realizan las inversiones.



¿Qué tan importante es para ustedes el componente social?

Para nosotros está claro que ningún proyecto podrá ser ejecutado si desde el punto de vista social no es factible. La viabilidad social de un proyecto es tan importante como su factibilidad técnica, económica y ambiental. Desde esa perspectiva nuestra compañía es una organización muy consciente de su responsabilidad social tanto al interior de la empresa como con el entorno social donde opera. Estamos trabajando para que nuestros colaboradores sean muy conscientes de la importancia de incorporar el concepto de ciudadano socialmente responsable en el trabajo cotidiano. En buen cristiano, la responsabilidad social empieza por casa, sin esa piedra angular es difícil tener éxito en el relacionamiento con la comunidad circundante a nuestras operaciones. En eso hemos trabajado mucho en los últimos años y creo que poco a poco estamos logrando que los resultados sean más notoriamente favorables.



Recientemente el Grupo Norte del que forma parte MY se retiró del proceso de la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE). ¿Por qué?

Efectivamente nos hemos retirado del proceso por que consideramos que dicho proceso no estaba respondiendo a criterios técnicos sino por el contrario estaba totalmente sesgado por un criterio que busca paralizar y erradicar las industrias extractivas.



¿Cuál es la visión que tiene del proceso de ZEE?

La ZEE puede ser un instrumento de promoción del desarrollo, siempre que su enfoque esté orientado a identificar las potencialidades de cada zona geográfica. Por el contrario, si se utiliza como un mecanismo para impedir el desarrollo de ciertas actividades como la minería, la explotación de hidrocarburos, u otras, el impacto será negativo y los principales perjudicados serán los pobladores del ámbito de influencia de los potenciales proyectos.



¿Cuáles son los ajustes o cambios que se deberían dar para que las empresas vuelvan a participar?

El primer ajuste que hay que hacer es cambiar el enfoque orientado a bloquear al sector de industrias extractivas que es tan importante para el país. Debería optarse por un enfoque menos político e ideológico, por un enfoque más técnico e informado para poder tomar las decisiones adecuadas y el proceso beneficie a toda la sociedad, como sucede en los países desarrollados.



¿Será más difícil hacer minería en Cajamarca con el nuevo gobierno regional presidido por un crítico del sector como Gregorio Santos?

Desde mi punto de vista no tendría por qué serlo. De ahí la importancia de establecer los mecanismos de comunicación e información adecuados para poder entender la importancia de un sector económico como la minería para el futuro desarrollo de una región como Cajamarca. Estamos dispuestos a establecer ese diálogo como sector privado con la mayor amplitud de criterio.



¿Ha habido ya algún acercamiento con el Gobierno Regional?

La empresa Yanacocha siempre ha colaborado con la autoridad elegida. En la actualidad venimos trabajando activamente en diferentes iniciativas vinculadas al Fondo Solidaridad Cajamarca de Yanacocha y a otros proyectos de promoción del desarrollo. Estamos seguros que con el nuevo Gobierno Regional podremos continuar este trabajo, siempre respetando su autonomía y el rol de autoridad que le corresponde. El enfoque que da nuestra empresa a su relación con las autoridades es el de aliado estratégico en la promoción del desarrollo, pero obviamente es el Gobierno Regional al que le corresponde liderar este esfuerzo.





Entrevista publicada en la revista VOCES Nro 32. Dic 2010-Ene 2011. Cajamarca. Asociación SER.