Ideeleradio.- A mediados o antes de febrero, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvería la denuncia referida a la presunta violación del principio de neutralidad electoral que habría cometido el presidente Alan García, a favor de la entonces candidata Mercedes Aráoz, estimó Virgilio Hurtado Cruz, director de Gobernabilidad y Proyectos Especiales del JNE.Fue al comentar los avances en la investigación contra el jefe de Estado, en favor de Aráoz Fernández, quien participó hace unas semanas en una actividad deportiva organizada por el Gobierno.
“Una vez que se han realizado todas las diligencias, el Jurado tiene que emitir una resolución en primera instancia, inclusive esa resolución es recurrible ante el JNE vía recurso de apelación, entonces es un procedimiento que todavía no termina”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“[¿Pero un cálculo?] No he visto el expediente, no sé en qué estado se encuentra salvo los rasgos genéricos, pero esto [la resolución] no creo que se extienda por mucho tiempo, a lo mejor a mediados o antes del próximo mes [febrero] debe haber una respuesta concreta”, sostuvo.
Indicó que el ente encargado de emitir la resolución será el Jurando Electoral Especial de Lima Centro, luego que se concluyan todas las diligencias. Comentó que el JNE respetará derecho de defensa de las personas que resulten implicadas en este proceso.
“El Jurando Electoral Especial de Lima Centro es la entidad de emitir una resolución al respecto. Tengo entendido que se inició el proceso de investigación y como he dicho esto no es automático. Amerita un estudio de las condiciones en las que sean dado las infracciones a este principio de neutralidad, [entonces] tiene que otorgarse a quienes estén implicados el derecho de defensa”, agregó.
Onpe es la responsable de investigar recursos de partidos
De otro lado, informó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) es la entidad que debe analizar e investigar los recursos financieros que publican los partidos políticos. Fue al ser consultado sobre el caso de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza 2011) y Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional), en torno al financiamiento de sus agrupaciones.
“Respecto al financiamiento de los fondos partidarios tanto en periodo electoral y no electoral es una función que la Ley de Partidos Políticos ha dado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sin perjuicio ellos son lo que primero emiten un pronunciamiento en primera instancia, siempre esperamos que la ONPE cumpla con su función y emita una resolución ejemplar y en mérito de una investigación acuciosa”, acotó.
Días atrás, Keiko Fujimori afirmó que su campaña proselitista fue financiada a través de actividades populares como rifas y polladas. Igualmente, se cuestionó al exalcalde Castañeda Lossio por el caso de Carmen Núñez de Acuña, quien habría pagado 700 mil soles para integrar la fórmula de Solidaridad Nacional.
Candidatos serán retirados por información falsa
Reiteró que los candidatos presidenciales y postulantes al Congreso que presenten información falsa serán retirados automáticamente del proceso electoral nacional, que se realizará el próximo 10 de abril. Manifestó que la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales es la unidad encargada de realizar dichas verificaciones.
“La Ley de Partidos Políticos señala que ante una información falsa el partido está obligado a retirar a los candidatos de sus listas, aquellos candidatos que hayan incorporado información falsa en sus declaraciones juradas de vida [serán retirados] y ese principio se ha recogido también en el Reglamento de Inscripción de Fórmulas Presidenciales y Listas de Candidatos del JNE”, añadió.
“Se está haciendo un esfuerzo porque la fiscalización de las declaraciones juradas de vida recae en la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales. Entonces el Jurado siempre ha hecho un esfuerzo. Primero se hace una revisión en base a documentación pública que es constatable, por ejemplo, si estudió en tal universidad o si tiene grado de profesional, pero a veces hay cuestiones sobre otros elementos como las obligaciones alimentarias que son mucho más difíciles de fiscalizar y constatar”, subrayó.
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