- Existen más de 15,000 personas desaparecidas a consecuencia de la violencia política.
- Familiares no pueden acceder a programas de reparaciones económicas individuales.
Atendiendo a la invitación del Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, doctor Alberto Beingolea Delgado, la doctora Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, acudió hoy a la citada Comisión donde se dio cuenta de los avances de la investigación sobre el hallazgo de presuntas fosas comunes en la localidad de Ayahuanco, región Ayacucho.
Al respecto, Vignolo refirió que el 20 de diciembre del 2011, pobladores de la citada localidad acudieron al Congreso para denunciar el hallazgo de fosas en la zona de Ayahuasca, cerca al Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), donde se presume la existencia de más de 120 cuerpos.
De acuerdo con esta denuncia, en ese lugar se encontrarían unas 8 fosas producto de los años de violencia política. Con fecha 5 de enero, la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho ha iniciado una investigación por el plazo de cuatro meses, en la que se ha dispuesto la reserva de la identidad de las personas denunciantes con el fin de proteger su vida e integridad, sostuvo la funcionaria.
Vignolo recordó que no existe un Plan Nacional de Investigaciones Antropológicas – Forenses que permita la búsqueda de personas desaparecidas y la entrega de los restos a sus familiares. De acuerdo con información del Instituto de Medicina Legal, entre los años 1980 y 2000, existirían aproximadamente 15,000 personas desaparecidas. En los últimos 7 años, se ha logrado recuperar e identificar a 600 víctimas, cifra que representa apenas el 4% del universo probable de víctimas.
Más adelante, la funcionaria solicitó que dicha Comisión pueda elaborar un proyecto de ley para contar con un “Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, que incluya exhumaciones de carácter humanitario. Que junto con la investigación de carácter penal, se establezcan vías adecuadas para rescatar e identificar los restos que se encuentran en sitios clandestinos de entierro, y sean restituidos a sus familiares.
La funcionaria reiteró su preocupación porque el Estado viene recortando el derecho de las víctimas a recibir reparaciones económicas individuales debido al plazo estipulado en el Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM. “Esta norma debe ser modificada de manera inmediata y se debe derogar el artículo que dispone un plazo para la inscripción de beneficiarios, porque se está afectando el derecho de miles de víctimas civiles, policiales y militares. Esta norma no sólo afecta a los familiares de las personas desaparecidas y fallecidas, sino también a las víctimas de violación sexual y las que han quedado con una discapacidad permanente”.
Se indicó que es una obligación impostergable del Estado reparar a las víctimas, sin embargo. “Desde hace cerca de un mes la Comisión de Alto Nivel (CMAN), encargada de entregar estas reparaciones no tiene un titular y tampoco se ha modificado el Decreto Supremo Nº 051-2011, pese a la decisión que se adoptó el 10 de noviembre en el seno de la CMAN”, dijo la representante de la Defensoría del Pueblo.
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