¿Qué desarrollo queremos? Por Pedro Francke;
Revolución educativa y reforma tributaria, por Javier Diez Canseco;
Derecha e Izquierda , por Juan Francisco Rojas;
Nueva Constitución, por Nicolás Linch;
Modernidad, igualdad y democracia, por Oscar Ugarteche; Perú: Salarios en el piso, por Humberto Campodónico.
Toda nuestra lectura de la realidad del sistema socio-económico-cultural dominante neoliberal capitalista nos conduce a un compromiso de reemplazar y construir un nuevo Estado Ético con un nuevo modelo de desarrollo.
José.
¿Qué desarrollo queremos?
Por Pedro Francke
Economista y profesor del dpto. de Economía de la PUCP
Escasa es la discusión de propuestas entre los candidatos. Las pocas que hay, se orientan a proponer medidas específicas, como aumentar los sueldos de los maestros o promover determinados hospitales. Falta, sin embargo, una discusión más de fondo: ¿qué tipo de país queremos construir?
Poco sentido tiene discutir si una medida es mejor que la otra, si no partimos previamente de analizar hacia dónde queremos dirigirnos. Desde nuestro punto de vista, el objetivo del desarrollo es mejorar la libertad y las capacidades de las personas, de manera sostenible. Un enfoque de desarrollo humano como este pone énfasis en la salud, la educación, la participación ciudadana en las decisiones colectivas en democracia, la integración en la vida social y el poder gozar de un medio ambiente no contaminado o destruido. El acceso a bienes y servicios, que es lo que mide el PBI, puede ser útil para lograr esos funcionamientos básicos y muchos otros, pero son solamente un medio para ello, y puede haber muchos otros factores que los amplíen o reduzcan.
Un segundo elemento fundamental a nuestro juicio es que esta ampliación de las capacidades de las personas debe alcanzarse con equidad. La justicia en la distribución de las oportunidades y las capacidades es otra característica central que define la sociedad a la que aspiramos, y las grandes desigualdades que existen en el Perú ponen de relieve el enorme camino que tenemos por recorrer en este aspecto.
Pueblos indígenas, cultura y medio ambiente
Queremos también un desarrollo basado en las comunidades y donde estas, y en especial los pueblos indígenas, tengan un espacio amplio de autonomía en la decisión de su propia opción de desarrollo; lo que demanda el respeto y ampliación de los derechos de los pueblos indígenas. Queremos un desarrollo basado en el respeto a las diferencias culturales y en el diálogo intercultural. Queremos un desarrollo que vaya de la mano con un equilibrio armonioso con el medio ambiente, de tal manera que el aire, el agua, los bosques y la biodiversidad, sean respetados y preservados, asegurando de esta manera que futuras generaciones puedan gozar también de la naturaleza.
No decimos nada nuevo: esta misma orientación está presente en diversos convenios e instrumentos internacionales, en particular en la Convención Universal de los Derechos Humanos, la Declaración del Milenio y el Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas.
Desde esta mirada de lo que queremos con el desarrollo se pone en el centro a la vida, y no al mercado o a la economía, que pueden tener un rol, pero subordinado o instrumental al bienestar de la gente y de los pueblos.
Políticas públicas y derechos sociales
La sociedad moderna no puede entenderse sin los derechos, esta base de relación entre individuo y Estado que protege la autonomía de las personas y pone freno al poder del soberano. Los derechos humanos incluyen tanto a los derechos civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que destacamos los derechos a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social.
En algunos de sus aspectos estos derechos sociales son de cumplimiento progresivo, dado que el Estado no puede comprometerse a lograr que toda la población peruana tenga, por ejemplo, una atención de salud integral en forma inmediata. Ello, sin embargo, no hace que la obligación del Estado de ese cumplimiento progresivo sea menor. Así, el derecho a la educación, por ejemplo, implica que el Estado debe hacer todos los esfuerzos posibles por asegurar, en el menor plazo posible, que efectivamente todos los niños peruanos tengan acceso a una educación básica de calidad. Ese esfuerzo no se ha hecho en el Perú de manera permanente en las últimas décadas. A casi 200 años de vida republicana y tras 20 años de crecimiento económico, el estrecho alcance que tienen los derechos sociales en el Perú muestra que nuestro Estado ha incumplido las obligaciones que asumió cuando suscribió los convenios internacionales que respaldan estos derechos.
El esfuerzo por cumplir y ampliar los derechos sociales está claramente vinculado, desde la economía, a la recaudación tributaria. Como dice José Antonio Ocampo, “el avance hacia una política social de corte universal no será posible sin un nuevo ‘pacto fiscal’ en la región, que refuerce en particular la tributación directa”.
Una segunda consideración a tener en cuenta es que el avance en la realización de esos derechos debe evaluarse desde la situación de los sectores menos favorecidos de la sociedad. El criterio básico de equidad en los derechos es que estos son iguales para todos. No hay derecho realizado si no lo es para todos; beneficio para algunos no es derecho. Dado que en nuestro país existen todavía sectores sociales excluidos cuyo acceso, por ejemplo, a una atención de salud es mínimo, ello implica que el goce del derecho a la salud en el Perú es casi inexistente.
¿Mucho pedir?
Hoy que la discusión política parece más asunto de peluqueros que de estadistas, hay que insistir en que una nación necesita visiones de futuro y objetivos comunes. No basta con un listado de medidas prácticas. Un sentido de país y de comunidad es indispensable, y quienes aspiran a dirigir nuestro destino colectivo debieran liderarnos e inspirarnos con sus ideas y sus sueños. Libertades, cultura, ambiente y derechos son miradas que inspiran.
Revolución educativa y reforma tributaria
La República, Lun, 14/02/2011 - 05:00
Por Javier Diez Canseco
El tema educativo es uno de los pocos que han logrado colocarse en el debate electoral. Y ha arrastrado la discusión sobre el financiamiento de los cambios en el sector. Pero, Toledo y Fujimori se han concentrado casi exclusivamente en una competencia de ofertas de aumento a los maestros, dejando de lado otros temas de fondo que ha colocado Gana Perú.
Lo primero es tener claro que la educación no es solo un servicio público. Es un derecho humano fundamental, una condición del desarrollo a ser garantizada por el Estado. La fraudulenta Constitución fujimorista convirtió la educación en un negocio, la sometió a las leyes del mercado y a la capacidad económica de cada cual. De allí una de las exigencias de una nueva Constitución. El fujimorismo alimentó, hasta hoy, un doble fenómeno: el acelerado deterioro de la educación pública (desastrosa comprensión lectora o razonamiento matemático y científico de los alumnos según las investigaciones PISA) y el lucrativo negocio de la educación privada que ha generado cuantiosas fortunas a algunos y los ha lanzado al estrellato político, aprovechando que la gente ve la educación como un instrumento de movilidad social. El Perú es uno de los países con mayor discriminación educativa según la condición económica del alumno. No es un factor de igualdad, sino de desigualdad de oportunidades.
Una educación pública de calidad para todos, en el campo y la ciudad, es central para un Perú con igualdad de oportunidades.
Exige profundos cambios como duplicar el presupuesto de educación en el quinquenio. Llevarlo del 3 al 6% del PBI, para cumplir el AN, los promedios latinoamericanos y el Proyecto Educativo Nacional. Esto no es viable en un país que apenas recauda 15% del PBI a nivel central, en época de vacas gordas, pues implicaría dedicar 40% del presupuesto nacional solo a Educación. Demanda una reforma tributaria que capte más de 20 o 21% del PBI.
La revolución educativa debe incluir la desatendida educación inicial ( 0 a 5 años), implementar apoyo alimenticio (dado el alto porcentaje de niños malnutridos) y atención de salud preventiva en las escuelas. La necesidad presupuestal es alta. Sólo se obtendrá si el país recupera parte importante de la enorme renta que generan la minería y las industrias extractivas en manos extranjeras y con enormes privilegios tributarios, si se grava las ganancias del poderoso y abusivo sector bancario y financiero, y si se hace que los que ganan más cumplan más con la sociedad. La derecha no lo hará.
Calidad educativa implica maestros calificados y cursos universitarios de actualización gratuitos. Duplicar sus sueldos de base (con aumentos que vayan al básico) es central para que sean dignos y puedan dedicarse de lleno a su labor, incentivando su capacitación. Su evaluación debe ser integral (conocimientos por especialidad, capacidad pedagógica en aula) respetando sus derechos. Y ciertamente, más horas de clase anuales y menor carga de alumnos por aula. Recuperar la escuela socializadora (deporte, cultura, danza, etc.) es vital. Incentivos a un magisterio calificado y a alumnos destacados también.
Terminar con la segregación educativa es fortalecer la educación pública y el tema ciudad-campo Establecer internados rurales en lugar de escuelas primarias unidocentes, con profesores por especialidad. Y construir una verdadera escuela inclusiva implica promover la matrícula de los niños con discapacidad en escuelas accesibles, con profesores de educación especial y material pedagógico adecuado, pues hoy ni un 10% de los niños con discapacidad acceden a la escuela.
Si queremos un crecimiento económico inclusivo, con un importante mercado interno y una articulación entre industrialización, desarrollo y educación, urge recuperar el nivel de la educación pública superior, tecnológica y universitaria, implementar una efectiva certificación de las universidades –especialmente las particulares, que han crecido como hongos sin control– y adecuar la oferta universitaria a los requerimientos del desarrollo nacional y regional.
La revolución educativa es indesligable de una reforma tributaria y de una nueva Constitución.
Derecha e Izquierda
Mar, 15/02/2011 - 05:00
Por Juan Francisco Rojas
Profesor PUCP
Acabo de terminar la lectura del libro de Norberto Bobbio que lleva el mismo título de este artículo. La claridad de las ideas y la fuerza de los argumentos del pensador italiano me animan a compartir alguna de sus ideas, las que con convicción, dejan en claro la vigencia de ambos conceptos políticos, y marcan nuestra agenda y la visión de las cosas en la sociedad que compartimos.
Las anotaciones que siguen están lejos de aquellos que con simplismo y miopía pregonan el fin de las ideologías y se esfuerzan –con oscuros intereses– por que la sociedad deje de lado reflexiones que darían orientación a sus actuaciones. Es innegable que los conceptos de “derecha e izquierda se niegan en su existencia”, sin embargo se siguen utilizando continuamente. ¿Existirá una razón para ello?
Según Bobbio, la clave de la distinción se encuentra en la igualdad.
Los de izquierda, “aunque no ignorando que los hombres son tan iguales como desiguales, aprecian mayormente y consideran más importante para una buena convivencia lo que los asemeja;” mientras que los de derecha, “partiendo del mismo juicio de hecho, aprecian y considera más importante, para conseguir una buena convivencia, su diversidad”. En otras palabras, los de izquierda consideran que los hombres “son más iguales que desiguales”, mientras que los de derecha consideran que “son más desiguales que iguales”.
El contraste de pensamiento es una pauta para la diversidad de ideologías y tiene como premisa una convicción distinta. Para los de izquierda las desigualdades que indignan son creadas por la sociedad y, por lo tanto, pueden hacerse desaparecer. Por el contrario, para los de derecha, todas las desigualdades son naturales y, por lo tanto, no pueden eliminarse. En el fondo, el problema radica en aceptar que los hombres son tan iguales como diferentes, pero que, también la sociedad crea desigualdades “artificiales” que contribuyen a marcar distancias cuando estas se suman a las desigualdades naturales.
Dice Bobbio: “Las desigualdades naturales existen y si bien algunas pueden corregirse, la mayor parte de ellas no se pueden eliminar. Las desigualdades sociales también existen y, si algunas se pueden corregir e incluso eliminar, muchas, especialmente aquellas de las cuales los mismos individuos son responsables solo se pueden no fomentar”.
Ahora bien, ¿son de derecha o izquierda algunas propuesta electorales para el funcionamiento del mercado?
Por ejemplo, combatir los monopolios u oligopolios que encarecen los precios en perjuicio de los consumidores; perseguir a los comerciantes que se apropian de la rebaja de aranceles y mantienen los precios altos de la medicinas; regular los servicios públicos para evitar los abusos en publicidad y medición del consumo, así como las tarifas excesivas; sancionar a los que conciertan precios, dañando efectivamente el bienestar de los consumidores; corregir la publicidad que traslada a los consumidores la carga de “descubrir” las restricciones con anuencia de la “autoridad”; y proscribir a los intermediarios que encarecen los productos del campo perjudicando a agricultores y consumidores.
En los últimos veinte años, los gobiernos, los reguladores y los hacedores de política han minimizado estos temas con el argumento de que el mercado soluciona todos los problemas y construye la distribución óptima en la sociedad. ¿Será cierto?
Amigo lector, escoja su lugar en el entramado político. Por mi parte, he recordado con afecto lo que Valentín Paniagua me dijo alguna vez con entusiasmo en el aeropuerto de Iquitos: “Hay que leer a Bobbio”.
1 Tomado del título del libro publicado por Norberto Bobbio en el año 2000 cuarta edición.
Nueva Constitución
La República, Mar, 15/02/2011 - 05:00
Por Nicolás Lynch
En esta campaña hay un tema fundamental que la derecha en todas sus versiones –Keiko, Castañeda, García o Toledo– se esmera en ocultar: la necesidad de una nueva Constitución. Bajo el pretexto de que al país le está yendo bien y que no hay nada que mover para que las cosas sigan igual o peor, se ningunea este debate de fondo.
Hay dos tipos de constituciones sobre el planeta, aquellas que son un acuerdo de paz entre los ciudadanos y pueblos de un país y otras que aparecen como una declaratoria de guerra de alguna minoría sobre la inmensa mayoría de la nación. Este último es el caso del documento de 1993 impuesto por la dictadura de Fujimori y Montesinos sobre el pueblo peruano. Esta supuesta Constitución está viciada de origen porque fue producto de un golpe de Estado, elaborada por un régimen autoritario para quedarse y finalmente “aprobada” en un referéndum fraudulento.
Esta Constitución refuerza el poder de la minoría dominante cuando recorta los derechos sociales, especialmente los derechos del trabajo, minimiza el papel del Estado poniéndolo al servicio de los ricos, debilita al Legislativo con el unicameralismo, da lugar al capitalismo salvaje como único modelo posible en la economía y establece un desorden tal en el tema de la descentralización que hace a la misma inviable. Por ello es que da lugar a un orden democrático precario, imposible de consolidar en sus parámetros y obliga a que las mayorías, impedidas de expresarse a plenitud en estas condiciones, recurran a la protesta callejera, ya no solo como excepción sino como norma, para plantear sus demandas. Puesto en la disyuntiva de cambiar la Constitución o reprimir al pueblo, este régimen opta por lo segundo, siguiendo la lógica de la declaratoria de guerra y criminalizando la protesta.
Cuando se intenta poner en agenda el debate constitucional los voceros de la derecha suelen argumentar que la Constitución y las leyes no solucionan nada y que tal debate sería un tiempo perdido. Sin embargo, en 1993 estos mismos personajes cambiaron nuestro andamiaje legal para poder hacer posible el capitalismo de amigotes en el que vivimos, haciendo legal la masiva expropiación de bienes públicos y sociales que fueron las privatizaciones y el remate de nuestra riquezas naturales y nuestro territorio al mejor postor.
Es indudable por ello que el debate para lograr una nueva Constitución tiene la mayor importancia, porque esta será una de las piedras angulares para iniciar la gran transformación del país que nos dé una verdadera democracia.
Modernidad, igualdad y democracia
La República, Dom, 13/02/2011 - 05:00
Por Óscar Ugarteche (*)
La lucha por la igualdad de derechos en el Perú tomó bríos al final del gobierno militar en los años 70 e inicios de los 80, cuando entre la democratización hubo la esperanza que las reivindicaciones feminista, lgbt y del movimiento negro lograran abrir paso a nuevos niveles de igualdad ante la ley y ante el otro.
Si uno se hace la pregunta de por qué en el Perú hay tan pocas personas gay públicas, la explicación yace en una cultura de intolerancia que entierra a la persona y la desaparece de su núcleo familiar, primero, amical luego, y laboral para terminar. De este modo, para no perder a la familia, los amigos de la infancia y el empleo, la gente se mete al clóset y ejerce sobre sí la peor forma de violencia: la negación de su identidad.
Nunca se pudo establecer en el país una ley antidiscriminatoria por preferencia sexual. En los diversos intentos liderados muchos de ellos por Javier Diez Canseco, nunca se logró que el Ejecutivo lo firmara. El último intento fue cuando se aprobó la ley de no discriminación contra la mujer a fines de los 90. Fujimori tachó de puño y letra las palabras “preferencia sexual” del párrafo y con eso se dividió lo que había sido un solo movimiento en dos partes, el feminista y el lgbt. Ambos contra el machismo y el patriarcado. Por eso es inverosímil un fujimorismo rejuvenecido y tolerante. Durante esos años fue la última redada donde metieron a 600 muchachos a la cárcel en 1996, sacados de las discotecas del centro de Lima. Como MHOL, la primera en la que intervinimos fue en 1987 cuando detuvieron a unos 150 saliendo de una fiesta del día del orgullo que se había organizado. Al medio hubo muchas. Ese es el calibre de la democracia peruana.
Luego está la actuación del Cardenal sobre este tema. En momentos cruciales de la política peruana, saca una condena al infierno que inunda todos los periódicos y que eclipsa los problemas políticos nacionales. Es memorable cuando el 21 de junio del 2000, al día siguiente que hubiera juramentado Fujimori en Chorrillos ante los generales, Cipriani habló de los homosexuales como “fuera del plan de Dios”, toda la intolerancia característica del Opus Dei. No sería de extrañar que nuevamente se lance un discurso ofensivo altisonante para encubrir alguna barrabasada política.
Por eso hay que saludar tanto las iniciativas legislativas planteadas y los discursos de los candidatos, como los diversos textos publicados en medios impresos. El de Gastón Garatea es notable viniendo de un sacerdote, Hugo Guerra, Álvarez Rodrich, un suplemento completo en La República , Jenny Dador, tantos que se han expresado.
Nada más laico que el pedido de matrimonio igualitario. El punto central es, siguiendo el argumento liberal, que todos los contribuyentes tienen los mismos derechos. Puesto desde un ángulo político, todos los seres humanos somos iguales ante la ley y ante el otro. Desde el punto de vista ético, todos los seres humanos merecemos el mismo respeto y trato. En Uganda matan a los homosexuales y en Irán, los niegan. En el Perú se les niega igualdad de derechos.
Cambiar el artículo quinto de la Constitución para que en vez de decir que el matrimonio es entre “hombre y mujer”, diga “dos personas” resuelve el asunto. Así de fácil lo resolvieron en Argentina en julio del 2010. Este es un tema del César y no de Dios. El Perú es un Estado laico y como tal los derechos civiles de las personas están por encima de las intolerancias de las diversas creencias religiosas.
Es posible que, una vez aprobada la ley, pocos se casen, pero ese no es el punto. El punto es la igualdad. ¿Pasará el Perú uno de los umbrales hacia la modernidad? Con el apoyo de la opinión pública y sobre todo de las nuevas generaciones, sí lo hará. En ese sentido mi reconocimiento a Christian Olivera por su trabajo en el MHOL. Si Uruguay, Argentina, México y Colombia pudieron, el Perú puede.
(*) MHOL.
Perú: Salarios en el piso
La República, Vie, 18/02/2011 - 05:00
Por Humberto Campodónico
Todos los días leemos y escuchamos que el PBI tiene tasas de crecimiento “chinas”. Y que esto se debe a los enormes flujos de inversión que llegan y continúan llegando al país. Pero pocas veces se analiza en detalle su incidencia en los salarios y el poder adquisitivo de la población.
En el Perú el salario mínimo es uno de los más bajos de América Latina, como nos lo recuerda Julio Gamero en reciente trabajo (1). Se aprecia (ver gráfico) que si bien el PBI per cápita del Perú crece de 100 a 143 del 2000 al 2009, no sucede lo mismo con el salario mínimo, que solo aumenta de 100 a 114.5.
O sea que ese mayor crecimiento del PBI per cápita (que es un promedio) no conlleva una mejora paralela de la capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población. O, también, que el crecimiento del PBI se distribuye de manera desigual.
No sucede lo mismo en otros países de América Latina, donde el salario mínimo vital pasó de 100 a 150 en el mismo periodo.
Dicho de otra manera: allá el crecimiento de la economía propició una mayor inclusión social pues la masa salarial aumentó su participación en el ingreso nacional. Lo que nos permite decir algo evidente: en el Perú el estilo de crecimiento está generando una mayor desigualdad social.
De otro lado, estadísticas recientes del Ministerio de Trabajo, dicen que el 2009 la Población Económicamente Activa (PEA) de Lima ascendió a 4.39 millones de personas. De este total, el 3% no tiene ingresos y el 21.7% gana menos de S/. 500/mes (menos que el salario mínimo). 35% tiene ingresos que van de los 500 a 1,000 soles mensuales y un 18.5% adicional gana entre 1,000 y 1,499 soles mensuales.
En total, el 78.5% de la PEA de Lima gana menos de S/. 1,500 mensuales, lo cual es otra forma de apreciar los bajos niveles de ingresos existentes.
Este “dato limeño” debe insertarse en un total nacional: “actualmente, más del 60% de la PEA ocupada del Perú –unos 8.6 millones de un total de 14.4 millones– está subempleada, es decir, trabaja menos de 35 horas a la semana y/o sus ingresos son inferiores al valor de la canasta mínima de consumo familiar” (Gestión, 14/2/2011).
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