viernes, 10 de junio de 2016

La Defensoría del Pueblo viene interviniendo ante casos de demora, paralización o deficiente ejecución de proyectos de inversión en agua y alcantarillado.

(Ver informes: Nacional http://goo.gl/RNnxyB , Cajamarca http://goo.gl/rSkgyB , Áncash http://goo.gl/YqQJxV )

El Informe Defensorial N° 170, «El derecho humano al agua y saneamiento. El control del gasto público en la ejecución de infraestructura de acceso» (http://goo.gl/RNnxyB), analiza las principales causas de esta problemática en 19 proyectos ubicados en Apurímac, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco y Tumbes; y determina los alcances y las limitaciones que tienen las entidades a cargo de la supervisión, monitoreo y control de la ejecución física y financiera de dichas obras.

Las recomendaciones buscan que: 1) se fortalezca los órganos de control institucional (OCI) encargados de la supervisión y control del gasto público; 2) se sancione efectivamente por responsabilidad administrativa o penal a los agentes intervinientes; 3) se regule la ejecución de obras públicas por administración directa; 4) se defina el tipo de arbitraje que deben elegir las entidades públicas en los procesos de ejecución de obras de inversión pública; 5) se generen mecanismos de transparencia de ejecución física y financiera de las obras de saneamiento a fin de propiciar la participación ciudadana, entre otras. 

La Defensoría del Pueblo señala en su Informe Anual (http://goo.gl/ix0Qy8) que en 2015 el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento reportó la existencia de 138 obras paralizadas a nivel nacional. Asimismo, en 2015, la Contraloría General de la República reportó un total de 560 obras públicas paralizadas a nivel nacional, de las cuales 128 corresponden a proyectos de infraestructura de saneamiento. Por su parte, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) nos informó la lista de sanciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado a empresas o entidades que han infringido las normas de contrataciones públicas en la ejecución de obras de agua y saneamiento, comprendidos desde el 5 de junio de 2012 hasta mayo de 2015.

En base a esta información y otros casos reportados por los ciudadanos, la Defensoría del Pueblo realizó supervisiones regionales en los departamentos de Cajamarca (Nota de prensa: http://goo.gl/idJCIo), Áncash (Nota de prensa: http://goo.gl/GL4mC1), Huancavelica y Loreto cuyos resultados se vienen comunicando a las autoridades y a la población en general.

Un cordial saludo, 

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