- Hace exhortación al Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Ministerio de la Mujer.
- Sucesos acontecidos en los centros de Lima y Trujillo evidencian grave situación que afecta los derechos de los adolescentes privados de libertad.
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, solicitará al Poder Judicial declarar en emergencia los Centros Juveniles a nivel nacional, a fin de atender la grave situación que están atravesando y que afecta derechos fundamentales.
Las supervisiones realizadas por la Defensoría del Pueblo determinan que existe un nivel de hacinamiento que bordea el 150% y que la infraestructura de los centros presenta serias deficiencias e inconvenientes, para albergar personas privadas de libertad en condiciones de respeto y trato acorde a su dignidad humana.
Una de las deficiencias detectadas, es que los menores de edad comparten espacios con los mayores de 18 años, que representan el 45% del total de albergados. La actual situación compromete también la seguridad ciudadana.
Las supervisiones realizadas por la institución permitieron detectar, entre otros aspectos, la insuficiencia de personal en los centros juveniles que trae como consecuencia un inadecuado tratamiento y falta de las garantías mínimas de seguridad interna y externa.
La Defensoría del Pueblo solicitará al Ministerio de Justicia cumplir con reglamentar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y culminar el proceso de transferencia del Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en su calidad de ente rector de la niñez y adolescencia del país se le exhorta a emprender acciones efectivas en favor de los adolescentes privados de libertad, en coordinación con los otros entes estatales involucrados en la materia.
En lo que va de 2018 se han registrado hechos de violencia en el Centro Juvenil de Lima y mucho más graves en el Centro Juvenil de Trujillo, en este último originándose la muerte de seis personas y 17 heridos. En 2017, se registraron 3 actos violentos en el interior del Centro Juvenil de Lima y las fugas de adolescentes en los Centros Juveniles de Chiclayo y Piura.
La Defensoría del Pueblo continuará sus acciones de supervisión y monitoreo de los centros juveniles a fin de prevenir futuras acciones de violencia y garantizar los derechos de los adolescentes privados de libertad, especialmente, de sus derechos a la vida, integridad y dignidad.
Las supervisiones realizadas por la Defensoría del Pueblo determinan que existe un nivel de hacinamiento que bordea el 150% y que la infraestructura de los centros presenta serias deficiencias e inconvenientes, para albergar personas privadas de libertad en condiciones de respeto y trato acorde a su dignidad humana.
Una de las deficiencias detectadas, es que los menores de edad comparten espacios con los mayores de 18 años, que representan el 45% del total de albergados. La actual situación compromete también la seguridad ciudadana.
Las supervisiones realizadas por la institución permitieron detectar, entre otros aspectos, la insuficiencia de personal en los centros juveniles que trae como consecuencia un inadecuado tratamiento y falta de las garantías mínimas de seguridad interna y externa.
La Defensoría del Pueblo solicitará al Ministerio de Justicia cumplir con reglamentar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y culminar el proceso de transferencia del Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en su calidad de ente rector de la niñez y adolescencia del país se le exhorta a emprender acciones efectivas en favor de los adolescentes privados de libertad, en coordinación con los otros entes estatales involucrados en la materia.
En lo que va de 2018 se han registrado hechos de violencia en el Centro Juvenil de Lima y mucho más graves en el Centro Juvenil de Trujillo, en este último originándose la muerte de seis personas y 17 heridos. En 2017, se registraron 3 actos violentos en el interior del Centro Juvenil de Lima y las fugas de adolescentes en los Centros Juveniles de Chiclayo y Piura.
La Defensoría del Pueblo continuará sus acciones de supervisión y monitoreo de los centros juveniles a fin de prevenir futuras acciones de violencia y garantizar los derechos de los adolescentes privados de libertad, especialmente, de sus derechos a la vida, integridad y dignidad.
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