Ideeleradio.-
La implementación de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u
Originarios podría fracasar si no se refuerza la institucionalidad
estatal y si no existe un cambio de visión de los funcionarios estatales
sobre las comunidades indígenas, advirtió Javier La Rosa, director del
área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Insisto que la clave va a ser
el tema de la institucionalidad estatal, a cargo del Ejecutivo, si esto
falla, este buen intento de la Ley de Consulta Previa, puede ser un
fracaso y luego vamos a tener una señal de frustración, de más
conflictos sociales, y eso es lo que no queremos”, manifestó en el
programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“La Ley de Consulta Previa es
una ley de carácter procedimental, pero si esto no va de la mano de un
cambio en la visión que tienen los funcionarios estatales sobre las
comunidades, si esto no va acompañado de una nueva mirada desde la
sociedad civil hacia los pueblos, esta ley puede fracasar”, anotó.
Evalúen situación del Indepa
La
Rosa Calle insistió en el tema de la institucionalidad como un punto
que garantiza la viabilidad de la Ley de Consulta Previa, al considerar
que por ello se debería evaluar que el Instituto Nacional de Desarrollo
de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) sea
transferido a la Presidencia del Consejo de Ministros.
“Actualmente, no hay las
condiciones en el Estado para garantizar una adecuada institucionalidad
estatal que garantice y que cautele una aplicación de esta Ley de
Consulta Previa. Lo que existe en el Estado es el Indepa y, es más, la
ley aprobada señala que el órgano técnico especializado es el Indepa,
pero este fue prácticamente desmontado por el gobierno anterior”,
explicó.
“[El Indepa] fue devaluado al
pasar de organismo autónomo a una oficina inferior asignada al
Ministerio de Cultura, perdió esa composición plural. Entonces, creo que
un punto de partida es fortalecer esta institucionalidad estatal. Si va
a ser Indepa, como dice la ley, Indepa tiene que ser cambiado y eso
corresponde al Ejecutivo. Indepa debería estar en le Presidencia del
Consejo de Ministros para tener esa mirada de país, que pueda cruzar a
todos los sectores, que pueda influir y dar adecuada asesoría y
esperamos que ya desde el Ejecutivo se complemente”, anotó.
Sostuvo que es un paso
fundamental que el Indepa tenga una mirada y una influencia
intersectorial en este tema. El jurista agregó que es muy significativo
que este proyecto haya sido aprobado por unanimidad en el Poder
Legislativo.
“Eso tiene un significado para
el país, el hecho de plantear una nueva forma de ver la relación con las
comunidades indígenas. […] En la lógica del gobierno aprista había una
idea de postergar las demandas de las poblaciones indígenas, los tiempos
han cambiado se trata de otro momento político y lo que ha pasado en la
noche refleja eso”, subrayó.
Remarcó que con la dación de la
Ley de Consulta Previa se aspira a un diálogo intercultural entre el
Estado y las comunidades indígenas, que estimó es algo totalmente
novedoso dentro de los esquemas actuales del Estado.
“Eso no se ha dado en el país,
la manera como se ha concebido el diálogo ha sido una suerte de
imposición de parte del Estado hacia las comunidades y pueblos. Eso
generaba situaciones de rechazo, resistencia y alta conflictividad
social”, opinó.
Cambio de visión en torno al indígena
Indicó
que la preparación de los distintos funcionarios que tendrán la
responsabilidad de ejecutar los dispositivos legales del proceso de
consulta previa, tendrá un carácter relevante, porque de ello dependerá
el éxito o fracaso de la norma.
“Si esto no va de la mano de un
cambio en la visión que tienen los funcionarios estatales sobre las
comunidades, […] esta ley puede fracasar. […] Va a ser clave cómo los
funcionarios encargados de implementar este mecanismo de la consulta
previa tienen las condiciones, los conocimientos y las habilidades
necesarias para, justamente, llevar a cabo este proceso de consulta
previa, y eso es un punto precario actualmente a nivel nacional”,
mencionó.
Puntualizó que gran parte de
estos empleados estatales tienen el hábito de ejecutar las decisiones
estatales, pero ahora deberán ingresar a una etapa de una relación
bilateral, en donde los pobladores nativos e indígenas tendrán
participación activa.
“La mayoría de funcionarios
estatales no han respondido a toda una dinámica de diálogo
intercultural. Los funcionarios públicos han estado acostumbrados a
imponer las decisiones estatales, porque esa era la normativa existente,
esta ley plantea un modo distinto de relacionarse con las poblaciones y
comunidades indígenas”, argumentó.
Destacó que la autoridad que
tendría a su cargo la ejecución de esta ley deberá ingresar a un proceso
de cambio de paradigma sobre el indígena, para reconocer que hasta el
momento la relación con los pueblos nativos no ha sido la más adecuada.
“[La forma de relacionarnos]
parte por tener una mirada básica de ver al otro, es decir, al poblador
indígena como un igual, no es un disminuido, no es un subordinado, tiene
todo derecho a desarrollarse, tiene derecho a escoger sus prioridades
de desarrollo”, aseveró.
Recordó que esta ley tiene sus
principios en el Convenio 169 de la Organización Internacional de
Trabajo (OIT), la cual tiene un carácter vinculante para el Estado
peruano, con un conjunto de opciones de la manera de cómo relacionarse
con los pueblos nativos. “Esto está contemplado, la ley se inspira
básicamente en el convenio 169 de la OIT, que es una norma jurídica
vinculante para el Estado peruano y, por lo tanto, abre un abanico de
una serie de posibilidades de cómo se van a relacionar.”, finalizó
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