LA LEY DEL PROFESORADO 24029 Y EL ESPIRITU
DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979
Cuando vimos y escuchamos la
juramentación del Presidente de la República, Ollanta Humala, y de los dos
Vicepresidentes al momento de asumir las funciones como tales, reivindicando la
Constitución Política de 1979, nos causo una sorpresa. Lógicamente agradable
porque de esa manera se ponía en el debate la necesidad de retomar dicha Constitución como rectora de la vida política
y económica de nuestro país o en su defecto llegar a un acuerdo para la
elaboración de otra carta magna que reemplace a la Constitución Política
neoliberal de 1993 que, en el año 2001, todos los constitucionalistas
democráticos y progresistas lo declararon apócrifo e ilegal por haber nacido de
una dictadura que había militarizado el país eliminando todos los espacios
democráticos.
Pues bien, esa Constitución de 1993,
dada a la medida de la política neoliberal implementada por el imperialismo
norteamericano, no es más que un remedo de la Constitución Política de Chile que
Pinochet mandara elaborar en 1981, y ambas se empezaron a aplicar con el apoyo
del ejército y la policía aplicando las ejecuciones extrajudiciales y
encarcelando a todo aquél que mostraba su disconformidad con las medidas de
Pinochet y del fujimontesinismo.
Como era natural, la Constitución de
1993 recibió un rápido apoyo de todos los grupos de poder económico nacionales
y extranjeros, porque de un plumazo eliminaba todos los derechos laborales de
los trabajadores que con luchas se había conseguido, igualmente se daba plena
libertad para la venta de las empresas públicas, incluso las consideradas DE CARÁCTER
ESTRATÉGICO, incluso llegando al extremo de casi prohibir que el estado pueda
tener un rol empresarial, abriendo las puertas a la voracidad e las empresas
privadas, en especial transnacionales. Ya es conocido cual fue el destino de
esas sumas millonarias de dinero que Fujimori recibió por lla venta de las
empresas públicas.
En Chile luego de 30 años se empieza a
exigir una nueva Constitución, y las voces que se alzan no sólo es de las
personas adultas sino, en su mayoría, de los jóvenes y niños recusando el
modelo neoliberal. En esta lucha los estudiantes y los maestros están al frente
puesto que la educación es el centro del debate.
En este contexto, la evocación de
Ollanta Humala al espíritu, principios y valores de la Constitución de 1979
está íntimamente vinculado a la defensa de la Ley del Profesorado 24029, su modificatoria
25212 y su Reglamento 019-90-ED. que el 95% del magisterio peruano ha venido
sosteniendo frente a la aplicación de la Ley 29062 (dado en el marco de la
Constitución del 93) que, justamente, elimina una serie de derechos de los
maestros en clara concordancia con la política neoiliberal que desde 1993 se ha
venido aplicando con mayor profundidad en nuestro país.
Por eso no nos llama la atención que
los propios maestros agrupados en la Coordinadora Magisterial Nacionalista
muestran una gran preocupación en cuanto los pasos dados por la Ministra de
Educación , Patricia Salas, no están de acuerdo a lo expresado por Ollanta
Humala con respecto al tema magisterial ni a su juramento hecho el 28 de julio.
Igualmente en la exposición del Primer ministro, éste manifestó “que la
Revolución Educativa es con los maestros y no contra ellos”. Entonces, es
momento de actuar escuchando lo que la amplia mayoría de maestros demanda: la
derogatoria de la Ley 29062 y la plena vigencia de la Ley del Profesorado
24029.
Sin embargo la terca actitud del
Premier Salomón Lerner y la Ministra Patricia Salas cuando dicen que seguirán
con la Ley de la Carrera Pública Aprista es, precisamente, actuar contra el 95%
de los maestros peruanos. Sólo el 5% compuesto en su mayoría por maestros apristas
y fujimoristas seguramente están batiendo palmas en honor a estos personajes
del gobierno.
Finalmente, habría que preguntarse, ¿La
evocación al espíritu, principios y valores de la Constitución de 1979 fue un
exabrupto?¿Una simple pose?¿Un sentimiento verdadero?.
El actual gobierno tiene que entender
que ese 95% de maestros tampoco está de acuerdo en que se elabore una nueva Ley
de Carrera Pública Magisterial ni mucho menos “consensuar” las Leyes 24029 y
29062 como plantea el CEN SUTEP (es que muchos militantes de patria roja se han
incorporado a la nueva ley) por que
significa matar, no sólo el espíritu, los principios y los valores de la
Constitución del 79 sino también fortalecer la Constitución neoliberal del
fujimontesinismo.
Los maestros, que en su mayoría hemos
respaldado la elección de Ollanta Humala, somos los primeros en exigir coherencia
al Presidente y a los congresistas de
Gana Perú para el cumplimiento y puesta
en marcha de los compromisos adquiridos, en este caso, con el magisterio
peruano. Y si es necesario el diálogo, éste debe darse con los dirigentes de los
maestros organizados en sus diferentes gremios a nivel regional y sectorial (en
el caso de Lima), elegidos en elecciones universales, un maestro un voto.
30/08/11
MI PALABRA
Felipe Torres Andrade
Ex Secretario General SUTE 14
San Juan de Miraflores, Lima, Perú
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