Lo mismo ocurrirá con los implicados en violación
de la libertad sexual, señaló la ministra de Educación, Patricia Salas O’Brien.
El personal
docente y administrativo del Sector Educación, implicado en los delitos de
terrorismo y violación de la libertad sexual, no sólo serán separados o
destituidos de sus cargos, sino inhabilitados definitivamente tanto para
ejercer la docencia como para prestar servicios administrativos en dicho sector.
Así lo
señaló hoy, la ministra de Educación, Patricia Salas O’Brien, al asegurar que en
los próximos días, el gobierno del Presidente Ollanta Humala, remitirá al
Congreso de la República, el Proyecto de Ley que regula dichas medidas
extraordinarias.
El Proyecto
plantea la necesidad de incorporar y modificar artículos del Código Penal y de
la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, dijo la ministra, que en
las próximas horas se presentará ante el pleno del Congreso de la
República.
Este nuevo
marco legal permitirá, sin que medie objeción jurídica alguna, aplicar las
acciones administrativas previstas en el Decreto Supremo Nro. 019-2010-ED del 3
de julio del año 2010, agregó Patricia Salas.
Acciones tomadas
Respecto a
las acciones tomadas, en relación a la aplicación del Decreto Supremo antes
mencionado, la ministra aseguró que a solicitud de su despacho, la Sala Penal
Nacional de la Corte Suprema de la República alcanzó a la Procuraduría Pública
del Ministerio de Educación, la base de datos de sentenciados por delito de
terrorismo desde el año 2003 al 2011.
Indicó que
la información alcanzada mediante el Oficio Nro. 082-2012-MC-SPN del 7 de
marzo, fue utilizada por la Unidad de Personal del Ministerio de Educación,
quien cruzó información con el Sistema Único de Planillas. Este proceso
permitió detectar que se encuentran en condición de activos 12 personas, dijo
Patricia Salas.
Asimismo,
señaló que el mismo cruce de información se realizó con la lista que el congresista
Octavio Salazar Miranda le entregó con nombres de posibles sentenciados por
delito de terrorismo que incluye los años anteriores al 2003. En este caso se
detectó que se encuentran en condición de activos 138 personas en 21 regiones
del país, sostuvo la ministra.
Oficios a presidentes regionales
En ese
sentido, la titular de Educación, aseveró que con la finalidad de dar
cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nro.
019-2010-ED, su despacho ha remitido oficios a los Presidentes Regionales, con
información sobre estas personas y solicitándoles que, de acuerdo a sus
atribuciones y responsabilidades funcionales, adopten las medidas legales
administrativas que correspondan.
En el caso
de la información oficial de la Sala Penal de la Corte Suprema se procederá, en
forma inmediata, a adoptar las medidas administrativas señaladas en el Decreto
Supremo mencionado.
Con
relación a la lista entregada por el congresista Salazar Miranda, se realizarán
las investigaciones pertinentes a fin de adoptar, en los casos en que se
compruebe que dichas personas hayan sido sentenciadas por el delito de
terrorismo, las medidas administrativas correspondientes.
Formación docente
Otro de los
aspectos estratégicos asumidos por el Ministerio de Educación para evitar el rebrote
de las posiciones terroristas, es el fortalecimiento de las capacidades
ciudadanas a través de la formación de nuestros niños y jóvenes en una cultura
de paz y de fortalecimiento de los valores que acompañan a la democracia y a la
vigencia del Estado de Derecho.
En esa
perspectiva, la Alta dirección del Ministerio, ha tomado contacto con la
Asamblea Nacional de Rectores (ANR), para que, en forma conjunta, se convoque a
los decanos de las Facultades de Educación y a directores de los Institutos
Pedagógicos del país, a fin de hacer una revisión de la formación docente en
las materias relacionadas con la enseñanza de la historia, ciencias sociales, y
educación cívica y ciudadana.
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
San Borja, 22 de marzo de 2012
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