SANCIÓN APLICADA A DOE RUN EN ESTADOS UNIDOS DEBE REPLICARSE EN EL PERÚ
Tras
conocerse la sanción aplicada en Estados Unidos a las empresas Doe Run,
Fluor Corp y A.T. Massey Coal, de pagar 358.5 millones de dólares como
indemnización a diversos pobladores de la ciudad de Herculaneum, en el
estado de Sant Louis, debido a daños a la salud ocasionados por una
fundición de plomo, diversos especialistas y personalidades esperan que
la medida se replique en el Perú.
Según
medios estadounidenses, el pasado jueves 16 pobladores afectados
recibieron 38,5 millones de dólares por daños ocasionados a la salud y
pérdidas por la contaminación entre los años 1986 y 1994. Un día
después, recibieron una indemnización de 320 millones por la negligencia
de los antiguos propietarios de la fundidora.
Actualmente nuestro país mantiene un arbitraje internacional con Doe Run Perú (DRP) que,
pese a incumplir sus principales obligaciones ambientales, presentó una
demanda contra el Estado por 800 millones de dólares.
Frente
a la sanción impuesta en EE.UU., la Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente (AIDA) señaló que durante su funcionamiento, DRP afectó -como en Herculaneum- a los pobladores de La Oroya, sobre todo a las personas con mayor vulnerabilidad como los niños de la zona.
“La
cifra de la condena en los Estados Unidos evidencia la gravedad de la
contaminación por plomo, en particular en niños y niñas, demostrando una
vez más la magnitud de las violaciones de derechos humanos ocurridas en
Missouri y en La Oroya”, dijo Astrid Puentes Riaño, Codirectora
Ejecutiva de AIDA. “Por ello insistimos en las medidas que están
pendientes en La Oroya para atender esta situación”, puntualizó.
Por
su parte, Ramón Rivero, del Programa de Ciudadanía y Asuntos
Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA),
calificó como ejemplar esta sanción que debería tomarse como referencia
para situaciones similares, como en el ocurrido en el Perú.
“Habría
que preguntarnos si las medidas dispuestas por el Estado peruano a la
fecha, con relación a los daños de DRP en La Oroya, contiene esta lógica
reparatoria”, agregó el especialista.
Por
su parte, monseñor Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo y
defensor del derecho a la salud en La Oroya, saludó la sanción impuesta
en Estados Unidos a Doe Run. “Es la única
manera para que las empresas mineras tengan una auténtica
responsabilidad social y que actúen con normas éticas y morales”, dijo.
Barreto
Jimeno invocó al Gobierno peruano, al Poder Judicial y a la población
de La Oroya a que comprendan que por encima de todo está la vida y la
salud.
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