Así se roban 16 mil barriles de petróleo al mes
Guerrilla y bandas 'ordeñan' los oleoductos para obtener el petróleo que usan en el narcotráfico.
Por:
JUSTICIA |
Foto: Archivo / EL TIEMPO
De acuerdo con el reporte de
Ecopetrol, fueron 303.680 barriles los que hurtaron del oleoducto. En el
2013 la cifra alcanzó 186.880 barriles, y en el 2012 fueron 146.034.
Cada día, los
oleoductos del país son desangrados a un ritmo de al menos 24 barriles
por hora. Ese es el volumen de crudo que se roban la guerrilla y las
bandas criminales a través de válvulas hechizas por las que el país ha
perdido este año por lo menos diez millones de dólares.
Eso es lo que valdría el petróleo puesto en
los buques cargueros. Pero el daño ambiental asociado a esta práctica es
mayor, porque los que ‘ordeñan’ el oleoducto dejan a su paso
ecosistemas muertos.
La mayor cantidad de los hurtos afecta al
oleoducto Trasandino, en el suroccidente del país. Según Ecopetrol, las
pérdidas de ese solo sistema son de 8,5 millones de dólares a lo largo
del tubo que va desde Orito (Putumayo) hasta Tumaco (Nariño). De los
160.251 barriles que este año se han robado en el país, el 92 por ciento
(147.693) son de este oleoducto.
En el último lustro, la cifra del saqueo llega
a 1,1 millones de barriles. Es el equivalente al total de lo que
producen todos los pozos petroleros del país en un día.
Barbacoas, Puerres y Tumaco son las
poblaciones nariñenses donde más se ve este delito. El general Luis
Fernando Rojas, comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso, afirmó que 343
válvulas han sido selladas por las tropas en lo que va corrido del 2015.
Una vez es detectada la fuga, se coordina con los ingenieros de
Ecopetrol para que reparen el tubo. Esta labor se hace una vez la zona
es asegurada, pues por lo general los ladrones minan los sitios.
“Quienes instalan estas válvulas buscan
siempre lugares de difícil acceso donde el tubo está por encima de la
tierra. Utilizan un dispositivo que perfora el acero, y a través de una
manguera vierten el crudo hacia una especie de piscina cavada en la
tierra, que sirve de almacenamiento”, dice Rojas.
Este vertimiento origina un daño ambiental
irreparable: contaminación del suelo, convirtiéndolo en infértil, y de
las fuentes hídricas de las que se sirven algunas de las comunidades más
aisladas y pobres del país. Además, la flora y fauna de la región están
desapareciendo.
Aunque se conocen más sus ataques contra la
infraestructura petrolera –que este año provocaron una enorme tragedia
ambiental por el crudo que recorrió centenares de kilómetros de río,
hacia el Pacífico– las Farc le sacan provecho al petróleo que sale de
las selvas del Putumayo hacia el puerto. Así, la columna ‘Daniel Aldana’
y varias bandas criminales que operan en la región tienen decenas de
válvulas que controlan celosamente.
El crudo que se extrae es usado,
principalmente, para el procesamiento de cocaína. Pero para eso tienen
que convertir el crudo en gasolina, proceso que hacen en refinerías
artesanales que dejan una devastadora huella ambiental.
“Los residuos de estos procesos son arrojados a los ríos o a la selva sin ningún miramiento”, dijo un investigador ambiental.
Esa gasolina fabricada también es empleada
para alimentar las plantas eléctricas con las que ponen a funcionar los
equipos (usualmente, secadoras) que se requieren para obtener la pasta
de coca.
El año pasado se destruyeron 150 refinerías
piratas, y en los primeros nueve meses de este año se han desmantelado
135. “Entre el 2014 y el 2015 hemos recuperado 2’345.473 galones de
crudo en Nariño”, asegura el general Rojas.
También el Eln
Al otro extremo del país, en Arauca, también
están desangrando las finanzas nacionales. En municipios como Saravena,
el frente ‘Domingo Laín’, del Eln, tiene sus propias válvulas para
extraer el petróleo. En Casanare, entre tanto, han hallado este año
siete válvulas irregulares que eran utilizadas por bandas de
delincuencia común.
Aunque las penas por robo de hidrocarburos
pueden ir de 8 a 15 años, los expertos señalan que deben ser más
fuertes, sobre todo en lo que se refiere al daño ambiental, que es
incalculable, y muchas veces irreparable. La directora de la
Especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario,
Gloria Amparo Rodríguez, dice que desde la academia se ha pedido que se
impongan condenas más fuertes.
Este año van 75 capturas, y una dificultad que
han encontrado las autoridades es que los jueces conceden la libertad
con el argumento de que los responsables no representan un riesgo para
la sociedad.
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