Se estaría confundiendo trata de personas con prostitución en operativos de Madre de Dios. Hasta el momento la policía no ha registrado oficialmente ningún caso por este delito y la cantidad de detenidos como sospechosos no corresponde con la cifra de mujeres.
Una
vez más, los operativos policiales con gran cobertura en medios no
estarían teniendo el tratamiento adecuado para acabar con el delito de
la trata de personas con fines de explotación sexual.
Resulta
sorprendente considerar que de 293 personas rescatadas, solo 10 sean
menores de edad, cuando se sabe que esta es la población más vulnerada
en la zona. Más aún, resulta curioso que el Ministerio del Interior haya
otorgado estas cifras con celeridad mencionando que todas las víctimas
han sido forzadas a trabajar ofreciendo servicios sexuales, cuando se
sabe que este tipo de delitos de trata solo se puede detectar a través
de investigaciones a profundidad y labores de inteligencia.
Lo
más probable es que las jóvenes halladas en los burdeles de Madre de
Dios hayan estado ejerciendo simple prostitución, lo cual no es un
delito penado en el país salvo en la figura del proxenetismo y el
proxenetismo agravado con menores.
Lo
que tampoco coincide con la información oficial es la cantidad de
detenidos como supuestos tratantes. Solo cuatro sospechosos por 293
mujeres implicarían que cada uno de ellos habría estado a cargo de 73
víctimas, lo que no es viable en caso de trata debido al carácter
subterráneo de este delito. Esta situación sí resulta factible, en
cambio, bajo la modalidad de prostitución.
A
todo esto habría que agregar que la cantidad de sospechosos detenidos
es mínima considerando el despliegue de todo el operativo policial.
Por
otro lado, tampoco existe una actualización de datos en el Sistema
RETA-PNP dedicado a procesar la cantidad de acusaciones por trata de
personas. Solo hasta el mes pasado este mostraba cero casos denunciados.
Asimismo,
las zonas intervenidas recientemente en Madre de Dios no abarcan
siquiera la mitad de lugares donde se producen casos de explotación
sexual. Según nuestras propias investigaciones, estas ocurren en zonas
de difícil acceso, a kilómetros de las principales carreteras de la
región, y a las que solo se puede acceder a pie o motocicleta. Algunos
de esos lugares son Delta Uno, El Mirador, Setapo y Huepetuhe.
Cabe
destacar que la presencia del Estado y el gobierno regional en la zona
intervenida es muy pobre, pues se sabe que allí solo se cuenta con 10
policías. Esto resulta complejo considerando que en Madre de Dios viven
120 mil habitantes, de los cuales alrededor de las dos terceras partes
son migrantes, muchos convocados por actividades como la minería
informal pero también por el negocio ilegal de combustible, el tráfico
de madera y especies vegetales, entre otros. Es precisamente este
público el que ha ampliado la demanda de servicios sexuales de
adolescentes y mujeres en la zona.
Tampoco
se cuenta con albergues para víctimas de trata y garitas de control en
la región, pese a que esto último fue propuesto oficialmente hace dos
años y que ahora nuevamente se vuelve a citar. Los albergues no solo
sirven para asistir a las víctimas rescatadas, sino también para
asegurar un traslado seguro a su lugar de origen, así como su asistencia
médica, psicológica, social y legal.
Considerando
esa situación, cabe preguntarse cómo hizo el Estado para poder atender a
las 293 ciudadanas rescatadas en el operativo, en el sentido de las
condiciones en las que se les tomó las declaraciones sin poner en riesgo
sus vidas. Lo mismo habría que plantearse sobre la forma y el lugar
donde se les brindará terapia y ayuda para su reinserción en sociedad.
Se
aplaude la labor del Ministerio del Interior y sus intentos por
resolver la delicada situación de cientos de víctimas de trata en la
región de Madre de Dios, pero CHS Alternativo también considera que esto
no se podrá lograr si antes no se establece toda una estrategia
integral de acción que no solo permita desactivar las redes delictivas
sino también proporcionar asistencia a las víctimas
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